La Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires realizará hoy la audiencia preliminar que resolverá si inicia un jury o no al fiscal general marplatense, Fabián Fernández Garello, acusado por organismos de derechos humanos de participar en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Una fuente de la secretaría informó que “la audiencia comenzará hoy, a las 12.30, con el fin de resolver si se abre un jury o no al fiscal general”.

“De resolver el jurado abrir jury se inicia una etapa de acusación y de descargo del fiscal, y eso no implica la inmediata suspensión de éste; eso recién se analizará una vez que el jurado cuente con la acusación y la defensa”, detalló la fuente.

El año pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a Fernández Garello como partícipe de la estructura de terrorismo de Estado de la última dictadura militar, ya que fue oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), según documentos probatorios hallados en los archivos de esa dependencia policial y producidos por el propio Fernández Garello.

Para la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación Judicial Bonaerense, los denunciantes del fiscal, éste “no reúne las condiciones que la Constitución y las leyes exigen para ejercer su cargo”.

“La participación en delitos de lesa humanidad por parte del fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello puede corroborarse mediante pruebas documentales”, precisan en la acusación, elevada a la Secretaría de Enjuiciamiento.

La información de la Dippba involucra a Fernández Garello en la causa por torturas de las que fue víctima un militante del Partido Comunista, en 1982, y en la detención ilegal de tres militantes de esa fuerza política, el 23 de julio de 1981.

Con el grado de oficial subinspector, Fernández Garello participó del operativo conjunto que consumó esos secuestros, coordinado por la Dippba con la Brigada de Investigaciones de San Martín y el Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército con base en Campo de Mayo, y en otras diligencias posteriores.

“Fernández Garello fue parte de la estructura represiva como oficial de Inteligencia de la Dippba al menos entre los años 1978 y 1981 (…) El hecho de que una persona haya participado en delitos del terrorismo de Estado la convierte en no idónea para desempeñar el cargo de funcionario”, afirman los denunciantes en su acusación.

En esa presentación, solicitan que una vez conformado el jurado de enjuiciamiento se analice con carácter de urgente la remoción del fiscal y sus suspensión en el cargo por estar imputado en delitos de lesa humanidad, tramitándose en su contra varias causas.

El fiscal general Fabián Fernández Garello ha desmentido públicamente estos hechos en los que se los denuncia y ha asegurado que no intervino en tareas de espionaje durante la última dictadura militar.