Mientras la denuncia por “choferes fantasma” empezó a ser investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos, que ayer tomó declaraciones testimoniales, los empresarios del transporte solicitaron llevar el boleto a $ 8,23.
“A raíz de la investigación que estamos realizando, hemos comprobado dos nuevos casos de trabajadores que figuran formalmente en la Anses y la AFIP como empleados de la Empresa de Transporte 12 de Octubre SRL, pero los mismos nunca han trabajado ni trabajan para la misma”, indicó ayer la Casa del Trabajador, impulsora de la denuncia. “En total ya suman siete los casos comprobados, existiendo otros 93 casos en curso de investigación”, agregó.
Al menos siete personas reconocieron ante la Justicia que al ir a realizar distintos trámites se encontraron con la sorpresa de pertenecer (ellas o familiares) a una firma de transporte público de la ciudad.
Así lo indicaron fuentes tribunalicias que ahora investigan el episodio de “choferes fantasma”, descubierto días atrás y denunciado por el abogado Julio Hikkilo, que consistiría en la inscripción irregular de trabajadores para poder abultar los costos y de esa manera obtener beneficios a la hora de negociar el aumento del precio del boleto y subsidios.
Aunque la investigación recién se inicia, trascendió que podrían existir cerca de 100 casos similares pero por el momento -y esencialmente por lo prematuro de la pesquisa- no puede determinarse el objeto de la maniobra.
Ayer, el fiscal Fernando Berlingeri tomó las primeras declaraciones testimoniales y una de sus ayudantes fotografió el expediente del aumento del boleto que tramita en el Concejo Deliberante.

¿Otro aumento?

Cuando todavía no se votó el incremento del 16,27% para el boleto de colectivos, la Cámara Marplatense de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) realizó un nuevo planteo, exigiendo que los concejales autoricen una suba adicional del 20%. De ser aceptada, tras escalar de los actuales $5,90 a $6,86, la tarifa treparía a $8,23.
Este sorpresivo aunque por algunos esperado reclamo fue formalizado ayer mediante la presentación de nota a través de la cual los transportistas argumentaron que la actividad experimenta nuevas subas de costos, fundamentalmente debido a la necesidad de hacer frente a un aumento salarial para los choferes.
Si bien la paritaria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para el interior del país aún no se resolvió, ya existe el antecedente de lo que sucedió en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde el gremio cerró un acuerdo del 29%. Anticipándose al impacto que tendrá esta medida, los transportistas resolvieron ir a fondo y solicitar desde ahora que los concejales traten una nueva e inmediata recomposición tarifaria. La cuestión será debatida en un momento en el cual el Concejo todavía no resolvió la implementación del último incremento, el cual ya fue aprobado por el oficialismo en las comisiones.
Pero para que la tarifa de $6,86 pueda entrar en vigencia primero deberá ser aprobada el jueves próximo por el plenario del cuerpo y luego ser promulgada por el intendente Carlos Arroyo.
Tal como están planteadas las cosas, lo más probable es que el aumento en análisis sea sancionado con los votos del interbloque de Cambiemos, conformado por la Agrupación Atlántica-PRO y la UCR. Esta semana el arroyismo se mostró más que predispuesto a acelerar la aprobación de la medida para tratar de calmar así los ánimos de los empresarios que habían amenazado con recortar servicios y suspender a casi un centenar de trabajadores.
Si bien el intendente había asegurado que no se dejaría “apretar por nadie”, el presidente de su bancada, Guillermo Arroyo, intentó convencer a algunos concejales de otras fuerzas políticas para que lo apoyaran en su intento por adelantar la sesión, realizándola ayer. Pero debido a la tensión política que existe entre Agrupación Atlántica y los radicales, Arroyo no consiguió que estos últimos firmaran un pedido para realizar una convocatoria extraordinaria.
Así las cosas, todo parece indicar que la nueva tarifa terminará siendo votada el jueves que viene con el renuente apoyo de la UCR. Pero a pesar de contar con esta certeza ayer los empresarios iniciaron un nuevo movimiento, tendiente a lograr una nueva y rápida suba adicional del 20% que les permita afrontar los costos del inminente aumento salarial a los choferes.

Arroyo y la causa

En la conferencia de prensa que brindó ayer en su despacho, el intendente Carlos Arroyo fue consultado por la causa que involucra a la empresa 12 de Octubre, el aumento del boleto que debate el Concejo y el nuevo pedido de los empresarios. Sobre la investigación de “choferes fantasma”, indicó: “Es un tema que deberán resolver la agencia de impuestos y la Secretaría de Trabajo. La Municipalidad no tiene nada que ver con el personal que tiene o que no tiene una empresa. Nos limitamos a aplicar una función polinómica a través de los expertos en el tema que tiene la Dirección de Transporte”. Enseguida agregó: “Me baso en las informaciones que obran en ese análisis de costos. Más allá de eso no puedo llegar porque no soy un investigador privado, soy el intendente de Mar del Plata”.
Sobre el aumento del boleto en análisis (para llevar la tarifa a $ 6,86), Arroyo se mostró a favor: “Si usted calcula todo lo que ha aumentado el costo de vida, el costo de la tarifa de gas, luz, etcétera, a mí no me parece que sea un exceso. Pienso que el Concejo Deliberante (las comisiones internas ya lo aprobaron) procedió correctamente”.
No fue tan contundente respecto al nuevo pedido de los transportistas. “Eso lo tendrá que estudiar la Comisión de Transporte, se lo giraremos a la comisión técnica e informará. Habrá que ver el contorno final de la economía para ver qué aspecto tiene ese pedido, pero no se olviden que los pedidos están atados siempre al aumento o no del salario de la gente”, indicó.