Tras el triunfo electoral del 22 de octubre, se esperaba que el Presidente Macri dispusiera las medidas de austeridad que le permitieran, bajar el gasto y eliminar el déficit fiscal.
Lejos, bien lejos de esas medidas, el Poder Ejecutivo presentó una serie de modificaciones en impuestos que tienden a agravar las condiciones de los sectores de menores ingresos y benefician a unos pocos, entre ellos, al Tesoro.
Con un gasto público consolidado que no es sustentable, Macri eligió seguir aumentando la presión tributaria en lugar de disminuir los fastuosos gastos de funcionamiento de la corporación política, las prebendas de la corporación sindical y ensayar alguna disminución de tributos a cambio de mayores inversiones, un estímulo que sabe a poco para la corporación empresaria.
La pelea es siempre la misma: Corporaciones vs Sociedad Civil. ¿Están dadas las condiciones para atraer inversiones mientras sigue la inflación? No parece. A menos que la matriz insumo-producto resulte costo cero, como es el caso de las energías renovables. O que la tasa de retorno del capital invertido resulte astronómica y seamos obligados a pagar precios extravagantes por el nuevo producto o servicio.
Pero el problema no está en el sector privado sino en el Estado.
Cada dos pesos de riqueza que genera el país, la mitad se la lleva el Estado para pagar jubilaciones paupérrimas, subsidios y prebendas políticas y prestar servicios ineficientes y caros.
La sociedad esperaba un cambio con Cambiemos, pero la administración Macri expresa una continuidad.
El discurso del presidente del lunes en el Palacio de las Comunicaciones dejó entrever que los cambios iban a empezar. Pero el proyecto de reforma tributaria presentado al día siguiente no es más que un nuevo intento por preservar privilegios a la clase política.
De los impuestos distorsivos que denunció el Presidente el lunes, no hubo más que una ratificación del impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias que sólo le sirve a algunos sectores y que afecta a millones de trabajadores cuentapropistas.
Del tributo a los ingresos brutos que recaudan las provincias, nadie habló. El peor de los gravámenes distorsivos seguirá vigente porque los gobernadores no renuncian a esos ingresos. Y el gobierno nacional los avala.
El efecto cascada de esta gabela sobre la economía es una de las causas de la cruenta inflación que afecta al país.
La intención de la clase política es clara: preservar sus prebendas a costa de la economía productiva, una fórmula que se viene repitiendo desde hace 90 años y que llevó al país a gravísimas crisis.
Para la Casa Rosada, la soberanía reside en la política y no en el pueblo y bajo esa premisa, protege los intereses de la clase política en detrimento del interés general.
¿Qué es lo que se va a negociar en el Congreso? “Ni un peso menos”, se escuchó decir a uno de los gobernadores asistentes al acto del lunes. Esto significa que las provincias no cederán y que van a pretender más fondos.
Hace 25 años, las provincias se comprometieron a eliminar Ingresos Brutos y Sellos a cambio de mayores recursos. Recibieron los mayores fondos y no eliminaron esos tributos. No les alcanzó y se endeudaron. La implosión de la Convertibilidad dejó al descubierto, los disparates fiscales. Las provincias fueron otras de las fuentes que generaron la crisis de 2001. Hubo que rescatarlas después que emitieron moneda ficticia. Hoy, los contribuyentes están pagando esa fiesta y el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos siguen vigentes. ¿Hasta cuando, la Casa Rosada va a permitir y premiar la mala administración?
En todos los anuncios, no hay una sola señal de austeridad. Macri dispone de 22 ministerios en un gabinete donde las decisiones se toman entre cuatro personas. En los últimos 20 años, el gasto público consolidado pasó de 25 por ciento a 46 por ciento. ¿O Cambiemos no entiende la magnitud de la crisis, o no le importa cambiarla?
DyN.
