Luego de que la Justicia de Garantías aceptara la elevación a juicio para Daniel Viglione y su socia María Larsen, acusados de haber estafado a 87 personas por una suma cercana a los 3.800.000 millones de dólares, un abogado que representa a 65 víctimas se opuso al sobreseimiento de otras dos personas: Claudia Fernández y Mariano Román. Pidió que también llegarán al debate oral y público al considerarlos coautores en al menos dos casos a cada uno.

El juez de garantías Saúl Errandonea avaló todo lo pedido por el fiscal Fernando Berlingeri y dispuso la elevación a juicio para Daniel Viglione imputado por 87 casos de “estafa y uso de instrumento privado falso en concurso real”. Mientras que María Larsen está acusada de ser la socia de Viglione para cometer las estafas y está imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos, todos en concurso real.

El juez Errandonea dispuso los sobreseimientos para otras dos personas investigadas: la esposa de Viglione, Claudia Fernández y para el hijo del folclorista de Los Chalchaleros Polo Román, Mariano Román, quienes si bien estuvieron acusados en un principio de haber colaborado en las estafas, el fiscal no pudo encontrar pruebas suficientes para probar las sospechas en un debate oral y público.

El abogado que representa a 65 víctimas de estafa, Julio Razona se opuso a los sobreseimientos de Fernández y Román y solicitó que también llegaran a juicio.

Al ser consultado, Razona aseguró que apelará la decisión de la Justicia de Garantías ya que entiende que tanto Fernández, como Román, “son autores materiales de dos casos específicos en los que engañaron y estafaron a personas”.

“Viglione sostiene que fue estafado, pero sin sustento. No tiene defensa”, dijo el abogado Razona y remarcó que el principal objetivo de la querella es el de “recuperar todo el dinero”.

“Ahora la Cámara tiene que resolver si Fernández y Román van a juicio. Una vez en el debate oral vamos a pedir una condena de prisión efectiva y que se le orden resarcir a las víctimas”, dijo el abogado.

“Claudia Fernández es la mujer de Viglione y la titular de la empresa que utilizaban para engañar a las personas. No puede decir que no sabía. Las víctimas declararon que Fernández captaba a los estafados y los convencía de los beneficios. Daba detalles de las inversiones, hablaba de cuentas en el exterior y era una especie de captación o seducción”, había contado Razona en su momento a LA CAPITAL.

Razona apoyó sus argumentos en que algunas víctimas de Viglione son docentes de la misma escuela donde trabaja Fernández y que, según el abogado, fueron “seducidas” por ella para invertir su dinero. “Una de las denunciantes es la directora de un jardín de infantes donde ella era directora de la primaria”, dijo.

El abogado querellante aportó pruebas documentales que certifican que sus clientes invirtieron sumas que van desde los 10.000 dólares. “Existía una relación de entendimiento entre Viglione, Fernández y las víctimas, algunos eran sus vecinos o compañeros de trabajo”, sostuvo Razona.

Con respecto a Mariano Román, Razona dijo que “él mismo reconoció que recibió el dinero de los damnificados”.
“A dos de las víctimas, una mujer de 85 años y su hijo, les hicieron creer que les abrían cuentas en el exterior, en el American Bank”, contó Razona y agregó: “Toda la documentación que suscribió está reconocida por peritos caligráficos y por el mismo Román”.

Bienes sin nombre y “privilegios” en la cárcel

Daniel Viglione fue detenido en Mendoza.

El abogado Julio Razona reconoce cierta dificultad para encontrar el dinero estafado por Viglione ya que, según él, “organizaron una estafa por millones de dólares durante tanto tiempo con mecanismos para no perder el dinero en caso de caer ante la justicia”.

Un ejemplo que da el abogado querellante es el de un terreno donde Viglione tenía su pileta de natación y un terreno que tenía en Sierra de los Padres. Razona aseguró que ambos terrenos “eran de Viglione, pero no estaban a su nombre y solo tenía boletos de compra venta”.

El abogado presentó una denuncia por escrito en la Fiscalía de Delitos Económicos en la que manifiesta que a esos terrenos, Viglione se los cedió a personal del Servicio Penitenciario “para mejorar su situación en el penal”. “La información surgió del propio Servicio Penitenciarios y de mismos internos”, remarcó.

Viglione permanece detenido en Batán. Para Razona “está en un pabellón privilegiado de evangelistas, para personas de buena conducta”. “Los que tienen dinero lo pasan mejor que los otros“, acusó Razona.

Fuentes judiciales consultadas, confirmaron que Razona presentó la denuncia por supuestos terrenos entregados por Viglione para conseguir “beneficios”. Sin embargo, explicaron que “no se halló nada fuera de lo normal” en la situación de Viglione en Batán. Incluso, la responsabilidad de las condiciones de detención corresponden a la Justicia de Garantínas, y tampoco habrían notado nada raro.

Si bien, Viglione de tener terrenos se los podría vender o regalar a quien quiera -así explicaron las fuentes consultadas- el delito sería hacerlo para conseguir beneficios, algo que estaría enmarcado en “incumplimiento de funcionarios público” y que tal vez pueda salir a la luz durante el juicio.

El caso

El 21 de octubre de 2016 la familia Daniel Viglione había presentado una denuncia por “averiguación de paradero” ante la ausencia en los últimos días del periodista especializado en mercados. Paralelamente a esta denuncia, diferentes personas lo acusaron de haberlos estafados por montos que iban desde los 10.000 a los 60.000 dólares.

El sábado 5 de noviembre de 2016 Viglione fue detenido en un hotel de Mendoza en el que estaba registrado como huésped con su propio nombre. Como su imagen se había hecho pública por la cobertura periodística del caso a nivel nacional, otras personas que se alojaban en el establecimiento lo reconocieron y llamaron al 911.

Viglione se encuentra con prisión preventiva, alojado en la Unidad Penal 44 de Batán, está acusado de millonarias estafas, que para la Justicia la cifra asciende a 3.800.000 dólares, pero que podría tratarse de un número mayor, ya que hubo personas que no pudieron denunciarlo por no poder justificar las sumas entregadas al especialista en mercados financieros.