La fiscal general Alejandra Gils Carbó, procesada por administración fraudulenta en contra del Estado, podrá ser removida de su cargo sin un juicio político, después de que un juez declarase hoy inconstitucional la norma que establecía la necesidad de este procedimiento.

El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials rechazó así lo planteado por la defensa de Gils Carbó y avaló las demandas presentadas por la asociación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuestionaron la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 27.148 del Ministerio Público Fiscal.

“Al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, (el artículo) consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario”, aseguró en el fallo publicado en el Centro de Información Judicial.

Para el magistrado, el hecho de que el artículo de la ley orgánica establezca la necesidad de ese procedimiento para que la titular del Ministerio Público Fiscal pueda ser destituida es un “privilegio” que “resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema)”.

Esto, a su juicio, “resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios contemplados en la Constitución”.  En ese sentido, consideró el artículo 76 “inconstitucional” porque le concedió a la fiscal general del país “la máxima y más importante barrera jurídica contemplada en el ordenamiento jurídico a la hora de hacer efectiva su responsabilidad política”.

Ahora, Gils Carbó podrá apelar el fallo, aunque todo apunta que el Ejecutivo, que la considera una militante del kichnerismo y varias veces ha sugerido que debe renunciar, podría ahora recurrir a un decreto presidencial para apartar a la procuradora del cargo.

La noticia llega una semana después de que el juez Julián Ercolini procesase a la procuradora general por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la compra irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013.

Gils Carbó sostiene que la institución que dirige desde 2012, cuando fue nombrada por la expresidenta Cristina Fernández y avalada por el Congreso, no abonó comisión alguna con esta operación.

Tras la asunción de Macri, en diciembre de 2015, la fiscal general mantuvo su cargo pese a la presión del oficialismo, que la acusa de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a ex altos cargos del anterior Ejecutivo y dictaminar contra miembros del actual, pero no consiguió iniciar un juicio político contra ella.