El detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime culpó hoy por la millonaria compra de trenes en desuso a España y Portugal al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien a raíz de ello fue citado por la Justicia a declarar como imputado por presuntos delitos.

Jaime -ya condenado a prisión por la tragedia ferroviaria de Once, dádivas e intento de hurto- admitió ante el juez federal Julián Ercolini que las locomotoras y vagones adquiridos a esos países europeos eran “trenes en desuso”, pero aseguró que recibió órdenes de “avanzar” en la compra.
El ex secretario responsabilizó por la operación a Kirchner y a De Vido, y entonces el juez hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado y citó a indagatoria -o sea como imputado- al ex ministro de Planificación, quien debe presentarse el 27 de abril a las 10.
En su resolución con la citación, el juez dijo que De Vido “avaló” la operatoria y que “conforme se viene sosteniendo, las enormes erogaciones realizadas fueron determinantes para causar un perjuicio económico a la administración pública”.
Jaime fue más allá incluso y dijo que en su gestión como Secretario de Transporte “cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner”.
En su indagatoria, tras ser detenido por esa causa, Jaime sostuvo que Kirchner y De Vido le indicaron que igual celebrara el convenio “para realizar las reparaciones en la Argentina”.
A raíz de ello, la Fiscalía solicitó inmediatamente que se cite a declarar a De Vido (actual diputado nacional), quien en simultáneo fue convocado por el juez federal Claudio Bonadio por la causa de la tragedia de Once, ocurrida en 2012, donde murieron 51 personas.
Cuando se le preguntó sobre la mecánica de la compra de los coches cuestionados, Jaime insistió con la decisión política de sus superiores, el inmediato, De Vido, y Kirchner.
“Le manifesté a Néstor Kirchner y a Julio De Vido (sobre el estado de los trenes), recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina”, se reflejó en el acta judicial.
Según Jaime, la iniciativa principal fue de Kirchner, quien apuntaba a “reactivar” los talleres ferroviarios, virtualmente paralizados desde el desguace del sistema de trenes durante el gobierno de Carlos Menem.
Empero, también avanzó sobre la viuda de Kirchner y ex jefa de Estado: “Cumplí directivas del Poder Ejecutivo, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner”, aseveró.
El otro detenido, el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, hizo un descargo verbal y se negó a responder preguntas. En ese contexto, coincidió con que el material rodante comprado “estaba fuera de circulación o estaba por quedar fuera de servicio o estaba dejando de prestar servicio en la red de de ellos”.
Un estudio de la Auditoría General de la Nación indicó que la compra de trenes a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones habría resultado ruinosa porque del 44 al 58 por ciento del material era inutilizable por obsoleto.
Como consecuencia inmediata de la declaración de Jaime, el fiscal pidió al juez que ordene la indagatoria de De Vido para que brinde sus explicaciones, lo que se concretó poco después.
“Desde que la fiscalía tomó intervención en la causa, el 18 de junio de 2013, sostuvimos que debido a la verosimilitud y precisión que derivaba del informe de la AGN en que se basaba la denuncia todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, así como de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, debían ser llamados a indagatoria”, revindicó Delgado.
Tras describir cómo evolucionaron los hechos desde la declaración de la “emergencia ferroviaria”, el fiscal entendió que “el Ministerio de Planificación Federal tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones que la Secretaría de Transporte dependiente de aquél. Por lo tanto, ese eslabón debe ser incluido en la investigación”.
La declaración de Jaime pareció robustecer la hipótesis del fiscal, quien por ello pidió la indagatoria de De Vido.
“Los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación y esas empresas; y, por el otro, en algunos casos fue el mismo De Vido quien firmó esos acuerdo”, resumió Delgado.
De Vido “no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios”, concluyó.
Jaime fue llevado temprano del edificio Centinela (sede de la Gendarmería) a los tribunales de Comodoro Py 2002 y estuvo acompañado por su abogado, Andrés Marutián. Jaime -quien seguiría declarando mañana- y Vázquez seguirán detenidos y el juez dispone de un plazo legal de diez días hábiles para resolver sus respectivas situaciones procesales.