LA PLATA (Corresponsalía).- El Senado bonaerense aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que explique las circunstancias exactas que posibilitaron la privación de libertad, torturas y amenazas sufridas por el menor de edad Lautaro Blengio por parte de las fuerzas policiales de Miramar.
El 14 de marzo pasado efectivos del CPC de esa ciudad vestidos de civil detuvieron al chico y lo hicieron subir a un auto sin identificación y lo encapucharon bajo amenaza con un arma de fuego. Luego lo llevaron al vivero municipal -el mismo donde hace 15 años apareció el cuerpo de Natalia Melmann, asesinada por tres policías-, lo torturaron y le hicieron un simulacro de fusilamiento.
El Senado quiere saber si el Gobierno bonaerense determinó para si mismo las responsabilidades directas e indirectas de personal y autoridades de la Policía que posibilitaron estos hechos, como así también de personal en el Ministerio de Seguridad y otros organismos vinculados.
También consulta al Ejecutivo si tomó medidas disciplinarias con los policías involucrados en estos hechos, a los fines de su informar las bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios vinculados a la investigación de este gravísimo hecho, así como también las investigaciones judiciales que se inicien a estos agentes.
El pedido de informes fue aprobado en la última sesión del Senado, el pasado jueves, por iniciativa de la legisladora Mónica Macha, del Frente para la Victoria. Allí también se pide a la gobernadora María Eugenia Vidal que cuente las acciones concretas que han sido realizadas y que serán realizadas por el Ejecutivo para investigar, esclarecer y sancionar los hechos.
Según consta en el expediente legislativo, los miembros del Comando de Prevención Comunitaria llevaron al adolescente al vivero Dunícola Florentino Ameghino de Miramar, donde le ocasionaron heridas cortantes con un cortapluma y quemaduras de cigarrillo, para finalmente efectuarle un simulacro de fusilamiento y ser abandonado allí.
“Estos hechos no se produjeron de manera aislada, sino se enmarcan en hechos de violencia institucional previos contra Lautaro, un joven militante social, Presidente del Centro de Estudiantes en la Escuela Media Nº1 Rodolfo Walsh de Miramar, militante de la Comunidad LGBTIQ de General Alvarado y organizador de la primera Marcha del Orgullo LGBTIQ en dicha ciudad”, consideró Macha, quien además solicitó información acerca de un procedimiento policial previo en el que efectivos policiales en servicio con un móvil policial, le solicitaron a Blengio su documento de identidad para averiguación de antecedentes delante de otros jóvenes. “El procedimiento resultó negativo, a pesar de lo cual, uno de los efectivos policiales lo tomó por la fuerza a Blengio del cuello y golpeándole la cabeza contra el capot del patrullero, le propinó amenazas e insultos, para luego retener ilegalmente su documento junto a su teléfono celular”, dijo la senadora.
Macha, contó además que “ante estos reiterados hechos de hostigamiento y ante el temor por el riesgo a la integridad psicofísica del menor, la familia de Lautaro solicitó un Habeas Corpus a la Jueza de Paz de General Alvarado, la doctora Florencia Hogan. Este pedido fue denegado, por considerar la jueza que no corría riesgo la integridad psicofísica del menor”. Florencia Hogan es esposa del actual intendente Germán Di Cesare, hermana de Patricio e hija de Tomás Hogan, ambos ex jefes comunales de General Alvarado.
El Juzgado de Garantía N° 3 de la ciudad de Mar del Plata, también denegó el mismo pedido pero le dio curso a la Fiscalía General y al Comité Provincial contra la Tortura.
La investigación por el secuestro y la tortura quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado, de Ana María Caro. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ya recibió la denuncia correspondiente y el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria ha transmitido su preocupación al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Según informaron desde el Ejecutivo, la auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió separar preventivamente de la fuerza tanto a 8 policías por el caso.