BUENOS AIRES.- La Cámara del Crimen procesó por “asociación ilícita” los responsables de concesionarias de automóviles por presunta estafa contra sus clientes, a quienes prometían financiación, tomaban su dinero pero no les entregaban los vehículos.
El tribunal aplicó la figura de la “asociación ilícita” porque la conducta de los imputados alteró “la tranquilidad Pública”.
En ese sentido, resaltó “los mensajes de alarma que circulaban por distintos foros en Internet, en los cuales a medida que los endilgados desarrollaban los hechos y afectaban el patrimonio de las diferentes víctimas, estas alertaban a toda la sociedad de lo que les habría ocurrido, para así intentar evitar que otros también se vean afectados en su buena fe”.
Según determinó por mayoría la Sala Sexta de la Cámara, los imputados Juan Manuel Ferreyra, Alicia Susana Berho y Pablo Miguel Véliz cometieron las estafas –al menos 12- como responsables de las agencias de vehículos “Car Wings S.A.” y “AP Auto Paz S.R.L.”.
“Se imputa a los nombrados haber integrado una asociación con fines delictivos en perjuicio de las personas que concurrían a comprar automóviles a las agencias”, convocados por avisos publicitarios y entregando anticipos de dinero por “rodados que nunca les fueron entregados”.
Cuando los clientes reclamaban “empleados alegaban la ocurrencia de problemas administrativos que impedían la resolución satisfactoria”, relata el fallo.
Los camaristas Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich coincidieron en que “hay una gran multiplicidad de hechos delictivos, llevados a cabo con un similar modus operandi en su ejecución, y mediante un despliegue de tareas”.
“Se advierte una sucesión entrelazada y siempre dirigida a causar un perjuicio en los damnificados”, describió el fallo los hechos ocurridos en distintos períodos entre 2008 y 2012.
La resolución reprueba “el acuerdo previo para constituir la asociación, la permanencia como la estabilidad y una organización estructural y que se ha vulnerado la seguridad pública, entendida como sinónimo de tranquilidad o paz social”.
Los procesamientos incluyen embargos para cada uno de los imputados por 800 mil pesos.