El Tribunal Oral Criminal N° 3 de Mar del Plata rechazó “in límine” un recurso de amparo presentado por el municipio para limitar los piquetes en la zona de la municipalidad, en una resolución que fue cuestionada y apelada hoy por el gobierno de Carlos Arroyo.

El secretario legal y técnico, Gustavo Gil de Muro, aseguró a LA CAPITAL que la Justicia “sigue mirando para otro lado” en el tema. El funcionario dijo que esa expresión fue, justamente, la que introdujo la comuna en la apelación presentada ante la Cámara de Apelaciones.

De Muro admitió que es el segundo recurso que el Tribunal le rechaza al municipio en el mismo sentido. “Vamos a agotar la vía recursiva. Paralelamente, vamos a seguir haciendo las denuncias cada vez que se produce ese tipo de episodios, buscando la intervención policial y del Ministerio Público”, advirtió.

En su presentación judicial, realizada en julio (la primera la había formulado en marzo), el gobierno local entendía que las protestas frente al palacio comunal debían dejar abierta al menos una mano al tránsito vehicular, al tiempo que se pronunciaba en contra de la quema de neumáticos en la vía pública.

Según interpretó De Muro de la resolución, el Tribunal sostiene que “ese tipo de reclamo debe solucionarse a través de la vía del diálogo político y no a través de la intervención judicial”.

“La Justicia sigue insistiendo con que son tensiones propias de una democracia y que requieren una solución política. Y nosotros seguimos sosteniendo que, independientemente de la solución política, que siempre está, hay límites para el ejercicio de los derechos de peticionar, de reunirse o de huelga. No es un derecho absoluto. Y el ejercicio de ese derecho no puede conculcar otros derechos”, diferenció el funcionario.

A su entender, “cuando para peticionar se ejercen actos de violencia, se debilita ese derecho, y ahí es donde la Justicia tiene que buscar un equilibrio en el ejercicio de los derechos”.

“Entendemos que la Justicia sigue mirando para otro lado en ese sentido. Es esa la expresión que estamos utilizando en la apelación. No es un agravio, es lo que pensamos”, aclaró Gil de Muro.

Incluso anticipó que el municipio evalúa “denunciar a algunos funcionarios públicos, de la policía o el Ministerio Público”, cuando detecte “el incumplimiento de los deberes de funcionario público, como es intervenir ante este tipo de denuncias, donde hay una afectación del orden y la administración pública”.

Para el subsecretario legal y técnico, un pronunciamiento favorable de la Justicia le daría a la administración “tranquilidad para resolver y canalizar las peticiones dentro de un marco en el que se cumplan los procedimientos administrativos”.

Gil de Muro mencionó que, cuando se exige el cumplimiento inmediato de un reclamo bajo la condición de continuar con un corte de calle o realizar la toma de una dependencia municipal, “se coloca a la administración en una situación de incomodidad” porque “la respuesta no es inmediata” debido a que siempre hay que cumplir “una serie de pasos administrativos”.

“Eso es lo que queremos hacer ver a las autoridades judiciales: el diálogo político nunca se corta pero la solución no es ‘ya'”, explicó el subsecretario. “Tampoco se busca una orden judicial que exija el levantamiento inmediato del corte o una represión, sino delimitar las acciones para que no se interrumpa todo el tránsito ni se quemen neumáticos”, agregó.

Una resolución favorable permitiría, por ejemplo, convocar a audiencia entre las partes. “Eso sería importante porque sería un ámbito en el que se puedan individualizar a las personas que causan desmanes. A veces, ni siquiera los podemos identificar”, admitió Gil de Muro. A su criterio, eso en el futuro haría mermar las protestas violentas, dado que sus impulsores verían “una intervención de todas las autoridades” y advertirían que “se toma en serio esta cuestión”.