A partir de 1990, de manera constante y cada vez con mayor intensidad, crece sensiblemente el deterioro de la imagen del Poder Judicial y las críticas que emanan de los más variados grupos de opinión pública.
La socióloga Marita Carballo nos hizo conocer un análisis proveniente de aquellos. Revela que, el 70% de la población expresa su conformidad con la acción de los medios de prensa gráficos y digitales; un 65% hace lo propio respecto de la Iglesia Católica; un 63% por las ONG, un 33% por el empresariado y el 26 % por los legisladores. En cambio, la actuación de los jueces merece, tan sólo, el 18% de aprobación superando a los sindicatos (16%) y la dirigencia política (13%).

Resultado preocupante para el cabal funcionamiento de una democracia constitucional y de la doctrina de la división del poder, pues exterioriza un sentimiento de inseguridad e injusticia por parte de los gobernados con su secuela de violencia e intolerancia. Son muchas las voces que avalan esa disconformidad, pero son pocas las que basadas sobre una convicción empírica procuran revertir semejante situación con acciones positivas.

El marco legal

Entre muchos dirigentes sociales, políticos y miembros de la judicatura se torna confusa la función de los jueces. Se hace referencia a un “servicio de justicia” o “administración de justicia”, olvidando que ellos integran un órgano del gobierno que monopoliza el poder jurisdiccional del Estado para resolver los conflictos, ejercer el control de constitucionalidad disponiendo la inaplicabilidad de los actos y normas que colisionan con el orden jerárquico establecido por la Ley Fundamental y preservar el equilibrio entre los legítimos intereses sociales. “Hacer justicia” es un deber de todos los gobernantes. Presidente, ministros, legisladores y funcionarios deben abogar por la justicia.

Otro tanto los jueces pero sin apartarse de la ley. Si alguno la considera subjetivamente injusta pero constitucional, a lo sumo puede morigerar los efectos de esa injusticia pero jamás apartarse del mandato legal. Sin embargo, se prosigue equiparando erróneamente al Poder Judicial con la “Justicia”, y por añadidura, distorsionando el rol de los jueces y sumiendo a los ciudadanos en la incultura cívica. Se llega a una situación patológica en la cual los propios jueces creen que son los artífices de la “justicia”, y la dirigencia política, incluyendo a las corporaciones de abogados, aceptan esa conclusión para imputar al Poder Judicial las eventuales injusticias sociales.

Siendo un “poder” y no un “servicio”, los requerimientos que se demandan a los jueces superan a los exigibles a un mero “administrador”. Entre ellos, la sociedad exige erradicar el nepotismo insertado en la mentalidad judicial que desemboca en la “familia judicial” con su secuela de privilegios mediocráticos estratificados, así como también la necesidad de una permanente actualización jurídica, ética y empírica de los jueces. Poco o nada han hecho al respecto la Corte Suprema y el legislador. Tampoco el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia. Estos temas deberían ser abordados prioritariamente por la jefatura del Poder Judicial en vez de emitir, como lo han hecho hasta 2015, acordadas arrogándose funciones legislativas de organización, procesales y hasta impositivas que no le incumben. También, a igual que algunos jueces inferiores, emitiendo sentencias desprovistas de celeridad y condicionadas a los tiempos políticos, o de carácter exhortivo, o invocando las “políticas del Estado” para justificar el hecho de vulnerar la seguridad, la propiedad privada, los derechos adquiridos y las garantías. Es que, las “políticas del Estado” que suelen invocar los jueces son las políticas del gobierno de turno a las cuales se ajustan los fallos de aquellos que renunciaron a su independencia.

Nada se hace para despolitizar al Poder Judicial, donde se ha caído en el absurdo de crear una “justicia legítima” afín al kirchnerismo que pretende enfrentar a una “justicia ilegítima”. En esa asunción de posiciones de política agonal mucho tiene que ver la insensibilidad republicana de algunos jueces que usan la institución judicial para satisfacer sus anhelos personales soslayando la ley que deben aplicar. La politización otorga al Poder Judicial un fuerte matiz burocrático y una estratificación que relegan a un plano secundario los reclamos de los gobernados. Esa ineficiencia fue fomentada por la nefasta adopción del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994. Un órgano corporativo y de política agonal merced al cual, con la connivencia del Presidente y el Senado, hoy existen cerca de 250 vacantes de jueces en los fueros nacional y federal. Casi un tercio de los cargos judiciales. Hecho inédito en nuestra historia institucional. Nadie que obre con prudencia está propiciando la reforma constitucional, porque ya hemos visto que el remedio es peor que la enfermedad. Pero sí que se modifique la ley del reglamentaria del Consejo cuya autoría y sanción fue propiciada por la entonces senadora Cristina Elizabeth Fernández. Sin embargo, nada han hechos sobre el particular el oficialismo y la oposición que, gozando de un placentero status burocrático compartido con la manifiesta inoperancia de las agrupaciones que nuclean a los abogados y jueces, coadyuvan a deteriorar la jerarquía que debería tener la magistratura judicial.

Sin vocación republicana

Esa realidad, en la cual la inoperancia de los protagonistas principales -asociaciones de jueces, abogados, ONG´s y detentadores del poder político- resulta endémica por su escasa vocación republicana, y donde frente al imperativo ético de ser útiles a la sociedad se impone el de ser socialmente importantes, resulta incompatible con el legítimo afán por dar cumplimiento a los preceptos de la Ley Fundamental, tantas veces invocada y tan poco conocida, para contar con un Poder Judicial eficiente de sólida estructura ética e independiente.

Cuando los jueces y los abogados desechen los mezquinos intereses que a veces los impulsan en el marco judicial y profesional; cuando los jueces cumplan con sus mandatos; cuando con firmeza y continuidad los jueces y abogados se esmeren en alcanzar la excelencia judicial; cuando gobierno y oposición acuerden en perfeccionar y no politizar al Poder Judicial, el prestigio del 18% asignado a los jueces retornará a sus elevados niveles tradicionales de respeto y excelencia. No se trata de añorar el pasado, sino de conformar un futuro institucional acorde con la libertad, dignidad y progreso del individuo y los grupos sociales.