La posibilidad de que el gobierno de María Eugenia Vidal obtenga un fallo judicial que permita que la provincia de Buenos Aires recupere el Fondo del Conurbano recalentó el debate en torno a un proyecto de ordenanza mediante el cual, en enero de 2016, el concejal de Acción Marplatense, Alejandro Ferro, había reclamado que el partido de General Pueyrredon sea incluido entre los municipios que se benefician con esos recursos.

Este martes el expediente fue tratado en la comisión de Obras del Concejo Deliberante, donde si bien el interbloque de concejales de Cambiemos expresó su apoyo, se negó a acompañar una segunda propuesta de Ferro para que en el caso de que ese dinero llegue a Mar del Plata sea asignado a un programa de infraestructura específico. Por eso ante la falta de acuerdo el proyecto quedó a la espera de un nuevo tratamiento.

“Lo que propuso Cambiemos, particularmente el radicalismo, fue que se aprobara la resolución que pide incluir a Mar del Plata en el Fondo del Conurbano y enviarle una carta de apoyo a la gobernadora María Eugenia Vidal. Nos parece fantástico, pero en realidad es que eso es sólo una parte de lo que estamos pidiendo. Lo que nuestro bloque plantea es que además esos recursos se usen para realizar una serie de obras fundamentales para resolver problemas acuciantes de la ciudad”, explicó Ferro.

La negativa del oficialismo a acompañar ese aspecto de la propuesta fue expresada por la presidenta de la comisión de Obras, la radical Cristina Coria, quien protagonizó un intenso contrapunto con la oposición.

La iniciativa de Ferro contiene diversos planteos. Uno de ellos está dirigido al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal, para que ambos promuevan la inclusión del partido de General Pueyrredon en ll Fondo del Conurbano Bonaerense.

En el caso de que este pedido sea aceptado, la comuna local formaría parte de los casi 30 municipios que reciben esos recursos adicionales a través de la coparticipación.

En la actualidad entre esos distritos son distribuidos 650 millones de pesos por año, cifra que se encuentra congelada desde que en 1996 se sancionó la Ley 24621.

Este año el gobierno de Vidal acudió a la Justicia para reclamar que se declare la inconstitucionalidad de ese tope y obtener así una actualización.

En el caso de que la Corte acceda al planteo, la cifra treparía a los 53 mil millones de pesos.
Frente a esta novedad, el proyecto de Ferro adquirió en las últimas semanas un renovado interés.

“Nos alegra que este tema se haya vuelto a discutir y que no haya prevalecido la postura de los radicales, que querían mandarlo al archivo”, sostuvo el concejal, quien de todos modos lamentó que la comisión de Obras no le haya dado despacho.

“La gobernadora está actuando muy bien en este tema y necesita todo el apoyo posible”, agregó.
Para Ferro el proyecto no pudo prosperar debido a la “explícita resistencia del radicalismo” a aceptar la sanción de una norma que establezca qué hacer con los recursos en el caso de que se reciban.

“No quieren esta herramienta porque les gustaría manejar esos fondos discrecionalmente y no mediante un programa transparente que establezca con claridad qué obras de infraestructura se harán con ese dinero”, aseguró.
En su proyecto el concejal propuso crear un programa a través del cual distintas instituciones definan a qué destino otorgarle a esos recursos, teniendo como guía el contenido del Plan Estratégico.

“Si no lo hacemos así corremos el riesgo de que pase lo que pasó con el metrobús. Un día nos vamos a levantar y vamos a enterarnos de que a alguien le ocurrió hacer obra faraónica sin ningún fundamento”, advirtió.