El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy la declaración indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman al dar por probado que existió un “plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento” por ambos para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes con captura internacional por el atentado a la AMIA.

Además, reclamó al juez federal Claudio Bonadio que ordene la inhibición general de bienes preventiva para los 14 acusados y les prohíba salir del país, según el dictamen entregado al magistrado a cargo de la causa. al que accedió Télam.

Pollicita acusó a la ex presidenta y a los ex funcionarios de su gobierno imputados por “encubrimiento agravado” por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos.

“El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno nacional argentino, puntualmente por la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman”, sostuvo la fiscalía, en base a la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, pocos días antes de ser hallado muerto en su departamento de Puerto Madero de un balazo en la cabeza.

“El medio escogido para canalizar esa voluntad ilegítima fue la suscripción del Memorando de Entendimiento celebrado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, rubricado el día 27 de enero del año 2013 en Etiopía”, agregó Pollicita en su dictamen de esta mañana.

El fiscal sostuvo que la ex presidenta y el ex canciller “contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos” para quienes también reclamó la citación a indagatoria.

Se trata de la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona; el ex jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal Juan Martín Mena; el ex diputado nacional Andrés Larroque y funcionarios de la Cancillería argentina, como Gabriela Ruiz Cerruti,

También reclamó indagar al dirigente piquetero Luis D’Elía, al ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al ex juez en lo criminal Héctor Yrimia, entre otros.

“A lo largo del presente dictamen se demostrará la existencia de un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”, agregó.

El fiscal advirtió que la maniobra que culminó con la firma del fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán que buscaba levantar las circulares rojas con que Interpol da prioridad a la búsqueda de los sospechosos iraníes se concretó con “canales paralelos de comunicación y negociación” para “avanzar con el objetivo criminal planeado”.

Para ello, remarcó, “fue necesaria la intervención de un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados que, desde la informalidad, contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan”.

En el dictamen, Pollicita advirtió que, si bien el entonces titular de la Unidad Fiscal AMIA Alberto Nisman “siempre contempló” la “cooperación en línea con dar respuesta a los requerimientos cursados por la Justicia” argentina”, nunca tuvo en cuenta (“ni podía haberlo tenido”) que ese ofrecimiento implicase “poner en riesgo las alertas rojas de Interpol, además de contemplar una Comisión con alcances para interferir la investigación en curso” con exclusión de su fiscalía y de las querellas del caso.

La causa abierta por la denuncia de Nisman quedó en manos de Bonadio tras un largo derrotero judicial que incluyó su desestimación por parte de otro juez, Daniel Rafecas, la reapertura ordenada por la Cámara Federal de Casación y un breve paso por otro juzgado, el que conduce Ariel Lijo.

Todo esto fue enumerado por Pollicita en su dictamen, en el marco de la causa que finalmente la Cámara Federal porteña dejó en manos de Bonadio porque este magistrado ya había avanzado en otra denuncia contra los mismos acusados, por supuesta traición a la Patria, presentada con posterioridad a la de Nisman.

El atentado a la sede de la mutual judía ocurrió el 18 de julio de 1994 en Pasteur 633 del barrio de Once, causó 85 muertos y centenares de heridos y todavía permanece impune

El juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, pidió a Interpol mantener las circulares rojas de captura internacional contra ex funcionarios y diplomáticos iraníes imputados en la causa.