La comuna local finalmente respondió al requerimiento formulado por los titulares de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel de Vedia, quienes habían solicitado al intendente Carlos Arroyo que facilite el acceso a “información pública necesaria” para que la pastoral de Mar del Plata pueda asistir en forma más eficiente a la población que se encuentra en situación de calle en esa ciudad.

El documento detalla la existencia de dos albergues, con un total de 102 plazas disponibles, ampliables próximamente a 40 plazas más, y el registro de la asistencia a 230 personas en lo que va del año.
En su escrito, el director general de la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio, Mariano Perticarari, adjuntó el dictamen elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, en el que son detallados los recursos con los que dispone el municipio para la atención de las personas en situación de calle.

Según el informe, que lleva la firma de la directora general la Secretaría de Desarrollo Social del partido de General Pueyrredón, María del Carmen Carmona, “el Programa de Atención y Asistencia para Personas sin Hogar cuenta con dos edificios para la asistencia y albergue”, uno ubicado en la calle Etchegaray 252 del barrio Las Américas, denominado “División Promoción Social Hogar Campito”, que cuenta con una capacidad de 42 plazas habilitadas, 12 para mujeres y 30 para hombres, “con una atención de 24 horas de permanencia, los 365 días del año”.

El otro edificio, denominado “División Hogar de Autogestión Laguna de los Padres”, funciona desde el 24 de julio de este año y “cuenta con una capacidad de 60 plazas habilitadas en una primera etapa, incrementando a una segunda etapa 40 plazas más”. El establecimiento “funciona como parador de 18:00 a 09:00 de la mañana”.

No obstante este establecimiento se encuentra cerrado desde hace varios días, debido a que el desborde de la Laguna de los Padres dejó “intransitable” a su camino de acceso.

El documento redactado por el municipio aclara que “ambos dispositivos buscan reestablecer los derechos vulnerados de las personas que están o permanecen en situación de calle”, a través de “los Programas de Terminalidad Escolar de la Dirección general de Cultura y Educación”, las escuelas Primaria de Adultos Nº 706, Secundaria Plan Fines 1, Cens Nº457, y los cursos de Capacitación laboral a través de la oficina de Empleo. Además de las personas que pueden ocupar las plazas disponibles en los dos establecimientos, “el equipo en sus recorridas habituales contacta a 20 personas que no deseen ser asistidos dentro de los dispositivos de albergue”.

Asimismo, se precisa que “el Programa [de Atención y Asistencia para Personas sin Hogar] cuenta con vehículos de uso oficial para el traslado de las personas” a los albergues y centros escolares, “como así a la cobertura de acudir a denuncias recibidas telefónicamente por los vecinos de la ciudad”.

El Programa está integrado por profesionales de múltiples disciplinas (abogado, trabajadora social, acompañante terapéutico, licenciado en enfermería, auxiliar gastroenterológico y cuidador domiciliario) que “evalúan y articulan con otros organismos estatales y efectores de Salud”, en tanto que las personas con problemática de adicciones son vinculadas con el “Grupo Renacer, así como la articulación con instituciones y ONG’s especializadas”.

Por último, el dictamen aclara que durante el año “y según lo que cuentan nuestros registros, bajo el programa han sido asistidos una totalidad de 230 personas”.

La información fue requerida por la Justicia ante una solicitud realizada por los integrantes de “La Noche de la Caridad”, un espacio eclesiástico, pastoral y de voluntariado que desarrolla tareas de asistencia y contención a personas en situación de calle desde hace algo más de 15 años en la ciudad.

El escrito la entidad demandó acceso a la información para “una mejor planificación de sus tareas y así poder ofrecer más eficientemente su servicio a la población vulnerable en cuestión”, al tiempo que alegó “razones humanitarias de público y notorio conocimiento”.