A través de una nota dirigida al subsecretario de Pesca de la Nación, Tomás Gerpe, la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura hizo saber su “más rotundo rechazo” al proyecto del Ministerio de Ambiente de la Nación de restringir la actividad pesquera mediante la creación de “Areas Marinas Protegidas”, cuyo manejo quedaría en manos de la Administración de Parques Nacionales.
“Tenemos una gran preocupación por el futuro del sector con esta pretensión de incorporar “Areas Marinas Protegidas” en zonas de operatoria de los buques pesqueros. “, le dijo a LA CAPITAL el presidente de la entidad, Diego García Luchetti.
La Cámara de Armadores nuclea en la actualidad a unas 16 empresas propietarias de 65 buques fresqueros de altura con asiento en el puerto de Mar del Plata, cuya principal actividad se relaciona con la captura de materia prima que es procesada en tierra.
Días atrás la entidad había hecho llegar su postura al Consejo Federal Pesquero a través de una nota firmada junto a cámaras locales y de la Patagonia.
En el texto, además de la de Armadores, se expresaron el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, la Cámara de Armadores de Porteros Argentinos (CAPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip).
Si bien algunas otras entidades aún no lo hicieron, se sabe que la inquietud es generalizada.
En la nota dirigida al Consejo, las entidades advirtieron sobre el efecto “social y económico” que tendría la implementación de esta medida y exigieron que antes de avanzar con el tema se “lleve a cabo un análisis exhaustivo de los parámetros biológicos y de los fundamentos científicos que sustentan la definición de las áreas”.
Para García Luchetti, “amén de que el proyecto no tiene fundamento científico alguno” la ley N° 27.037 -que es la que establece la creación de las Areas Marinas Protegidas- “entra en abierta colisión con la administración de los recursos pesqueros” y el contenido de la ley 24.922, que es la que define el Régimen Federal de Pesca.
“Ya le hemos hecho saber, tanto al Consejo Federal Pesquero como al subsecretario de Pesca, nuestro más rotundo rechazo a la implantación de estas áreas que generarán un impacto socioeconómico devastador en toda la actividad pesquera”, remarcó el dirigente.
La propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente de la Nación tiene su origen en las metas internacionales del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 suscritas años atrás por la Argentina, a través de las cuales los países se comprometieron a proteger al menos el 10% de sus mares mediante la figura de las Areas Marinas Protegidas.
El acuerdo dio lugar a la sanción de la ley 27.037 que instituyó el Sistema Nacional de Areas Marinas Protegidas destinado a “proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas de importancia”.
La norma define distinto tipos de áreas, estableciendo en cada una de ellas diferentes restricciones, llegando en algunas de ellas a vedar por completo la actividad humana, tal como sucede en el ámbito de los Parques Nacionales.
De hecho la norma le otorga a la Administración de Parques Nacionales la autoridad de aplicación, lo que generó también una queja del Consejo Federal Pesquero, el cual ya advirtió que de este modo se producirá una “interferencia” en la actuación de ambos organismos.