En la semana de la Educación Especial, desde el Ministerio de Educación de la Nación continuamos trabajando en la responsabilidad ética de generar la transformación del sistema educativo hacia una verdadera cultura escolar inclusiva. En el marco de las políticas de inclusión que impulsa el Estado Nacional nos encontramos participando en el proceso de elaboración e implementación del Plan Nacional de Discapacidad, y garantizar el derecho a la educación de calidad es uno de sus ejes principales.

Durante 2016, la cartera educativa nacional realizó un debate participativo federal que incluyó autoridades, equipos técnicos y organizaciones sociales. A partir del mismo se elaboró un documento que sirvió de insumo para que todos los ministros de Educación del país – en el Consejo Federal de Educación – aprobaran la Resolución N°311 que establece la certificación y titulación de estudiantes con discapacidad.

La norma, que es el puntapié inicial de un proceso más ambicioso, define la responsabilidad de propiciar condiciones para la inclusión escolar que empieza por reconocer la titulación igualitaria de personas con recorridos pedagógicos individualizados.

El objetivo de la educación inclusiva está orientado a garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los alumnos en edad escolar, asegurando la eliminación de las barreras y consolidando los ajustes razonables que se requieran para el logro de los mejores aprendizajes y los procesos de participación. La resolución nos interpela a construir una escuela inclusiva donde las políticas se concreten en prácticas educativas con estrategias pedagógicas diversificadas; donde todos sus miembros, ya sea estudiantes con o sin discapacidad, con dificultades de aprendizaje, con altas capacidades o con características de distinto tipo (cognitivas, étnico-culturales o socioeconómicas, entre otras) puedan acceder al aprendizaje.

La modalidad de Educación Especial históricamente ha tenido un rol protagónico en estos procesos, ya que cuenta con perspectivas y herramientas específicas para el abordaje de estas situaciones. El desafío que se nos presenta desde estos nuevos paradigmas es el de propiciar la articulación y corresponsabilidad entre niveles de enseñanza y los equipos de Educación Especial, para que, desde allí, y en interacción con los alumnos, las familias y la sociedad en su conjunto, fortalezcamos una cultura inclusiva real.

Por lo tanto, desde el Estado, tenemos la oportunidad de abrir nuevos interrogantes y nuevas estrategias, sistematizar, investigar, reflexionar, modificar, enmendar, actualizar y profesionalizar el sistema educativo, desde el planteamiento de una educación inclusiva como un constructo social. Esto requiere nuestro compromiso con la reflexión sobre nuestras propias prácticas en general, y las de los docentes en particular.

En este sentido, seguiremos trabajando en la mejora de las propuestas de enseñanza y aprendizaje; respetando y acompañando la trayectoria educativa de cada estudiante, que les permita el despliegue de sus potencialidades a lo largo de toda su vida. Es el aula, tanto de la escuela común como de la modalidad especial -orientada hacia la inclusión- el ámbito donde se halla la distancia más corta para alcanzar la verdadera transformación social.

(*): Secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación.