Salir a caminar por Mar del Plata puede ocasionar muecas de disgusto. Es frecuente ver calles repletas de residuos, microbasurales que pueden ser limpiados un día y generados nuevamente al siguiente. Desde que el nuevo contrato de la recolección de residuos se inició, junto con el gobierno de Carlos Arroyo, el servicio se presta con intermitencias: un paro de camioneros, uno de los trabajadores que acomodan los residuos en el predio o un piquete de recuperadores informales puede frenarlo en cualquier momento. Eso es lo que a sucedido desde diciembre de 2015 y lo que, de no haber medidas inmediatas, volverá a ocurrir.

El gobierno municipal paga $ 58 millones mensuales a la empresa Transportes 9 de Julio para la recolección domiciliaria. Pero cuando firmó el contrato, el intendente eliminó dos cláusulas que estaban en el pliego de bases y condiciones: la contenerización del micro y macrocentro y el aporte del 3% del contrato a campañas de concientización para la separación de residuos.

La falta de contenedores se nota no sólo en el centro, sino también en los barrios. Su presencia hubiera ayudado a prevenir los basurales clandestinos. La falta de concientización, por su parte, se advierte en el desinterés por la separación de residuos en origen.

Casi ninguno de los sectores que integran el sistema de tratamiento de residuos en Mar del Plata está conforme. El Sindicato de Choferes de Camiones, que agrupa a quienes manejan los camiones de la empresa 9 de Julio, no paran de quejarse por las condiciones en que están el acceso al predio de disposición final y sus caminos internos. Aseguran que, cuando llueve, las maniobras de descarga se tornan imposibles: los vehículos se suelen encajar e incluso volcar. “Así no se puede seguir. El municipio tiene que cumplir el compromiso que ha tomado de hacer un mantenimiento acorde”, repite siempre que puede Juan Carlos Vargas, secretario adjunto del gremio. Y sostiene que la mejor solución sería la pavimentación de esos caminos.

Los trabajadores que acomodan residuos en los playones del predio, que responden a la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), han protagonizado más de un quite de colaboración por la falta de pago de la quincena por parte de la empresa Los Mallines, contratada por la operadora del predio, Tecsan. La última medida la tomaron a fines del mes pasado, cuando la ciudad estuvo a punto de quedarse un fin de semana sin recolección.
Los integrantes de la cooperativa CURA, que reciclan los residuos, se quejan porque la separación de residuos ya casi no se hace. Según el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, Marcelo Fernández (Acción Marplatense), sólo cinco de cada cien bolsas que les llegan a los recicladores están bien separadas.

Todavía peor están los recuperadores informales. Se trata de quienes todos los días revuelven basura en el predio para separar algo que les pueda servir para vender. Según cálculos de la “Pastoral del basural”, que depende de la parroquia San Francisco, son en promedio “250 personas por día que vienen de entre 10 y 12 barrios”.
“Nadie sabe qué hacer con el basural”, lamenta un integrante de la pastoral, que una vez por semana les lleva sándwiches con algo de tomar a los recuperadores: té o café en invierno y agua o gaseosa en verano.

A principios de julio, un grupo de ellos cortó el ingreso al predio e impidió el acceso de los camiones recolectores por la falta de un lugar en mejores condiciones para realizar su actividad.

A esa situación de por sí compleja, el lunes a la madrugada se sumó una tragedia: un joven de 22 años que tenía una casilla en las adyacencias del predio falleció durante un incendio. Como él, otros tantos pernoctan en pequeños compartimentos levantados entre la basura, temerosos de que les roben los residuos que han juntado durante el día.

Trámite dormido

En febrero, los concejales de la Comisión de Medio Ambiente visitaron el predio. Los ingenieros que trabajaron en la elaboración del pliego que derivó en la adjudicación de la operatoria a la empresa Tecsan (el contrato está prorrogado) les dejaron algo muy en claro: había que ampliar sí o sí el relleno porque en mayo iba a llegar a su punto cúlmine. Tres meses después de ese plazo, la ampliación todavía no se concretó.

El gobierno local envió en enero al Concejo el pliego para la construcción de los sectores B y C del módulo 1, la operación y mantenimiento del predio y el diseño y operación de una planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Sin embargo, el trámite continúa en el Concejo. “La aprobamos en la Comisión de Medio Ambiente con algunas modificaciones y pasó a la de Obras, que preside el oficialismo y nunca puso en tratamiento”, advirtió Fernández, para quien el retraso obedece a que el municipio no consigue los fondos para financiar la obra.

“El problema de fondo es el financiamiento. Por eso no mueven el expediente. Y si no se habilita un nuevo sector, la forma de acumular más basura es disponerla mal en algún espacio lindero, que era lo que ya se estaba haciendo y nosotros denunciamos a fin de año; compactar más todavía, con lo que el venteo de los gases va a ser imposible; o hacer otro nivel más arriba, con lo riesgoso que eso sería”, indicó el edil.