Ante las medidas de fuerza dispuestas por la Asociación Judicial Bonaerense desde hace varios meses y que se han realizado con mayor asiduidad en las últimas semanas, el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Gerardo Portillo, se refirió a éste tema. la opinión de la Institución que representa, reclamó a las autoridades provinciales “la normalización del servicio de justicia”.

Motivó el reclamo las medidas de los empleados judiciales a lo largo del año, “con mayor asiduidad al principio de año y durante los meses de junio y julio”. Por tal el Colegio entendió que “la merma notoria de su funcionamiento afecta a los ciudadanos y también a nuestros colegiados, ello sin menoscabo del derecho de los trabajadores a efectuar los reclamos laborales que estimen corresponder. No obstante ello, los paros judiciales no son el único problema por el que atraviesa la justicia, también debemos hacer referencia a la necesaria cobertura de cargos vacantes, la puesta en funcionamiento de órganos judiciales ya creados por ley, por ejemplo los Tribunales de Trabajo Nº 5 y 6, la imperiosa necesidad de avanzar en la construcción del complejo judicial, ya que hace muchísimos años Mar del Plata es de los Departamentos Judiciales con mayores índices de litigiosidad y se encuentra inmerso en una gravísima crisis edilicia que no admite más dilaciones para su solución”.

“No es total inactividad”

Reconoce el colegiado que cuando hay paro de trabajadores la “inactividad no es total”, ya que “desde hace varios años en nuestro Departamente Judicial, mediante la implementación del protocolo de actuación creado por éste Colegio, durante los días de paro la atención es brindada por funcionarios. Obviamente la cantidad de funcionarios no equipara la de empleados y al realizar los primeros, tareas de los segundos, hay otra que deja de hacerse, lo cual naturalmente afecta y genera serias demoras en el trámite de los procesos”.

Consultado sobre esas demoras que se generan por los paros judiciales, a quiénes afectan, por qué y en qué medida, el doctor Portillo respondió que “los abogados y ciudadanos, sufren en carne propia la lentitud y la demora en la tramitación de los juicios, considero que una justicia lenta no es justicia, algo que llega tardíamente difícilmente pueda reparar en forma adecuada el daño causado o satisfacer las pretensiones de quien acude a la justicia en busca de respuestas. La situación de los colegas es muy complicada cuando el servicio de justicia funciona ‘a media máquina’ durante varios jornadas del año, ya que debemos explicar a nuestros clientes que en los juicios, en algunos órganos, tan sólo se llevan a cabo 3 o 4 pasos procesales, y que ello conllevará inevitablemente que el trámite judicial demande, finalmente, cuatro, cinco, o más años, convirtiendo el proceso en un verdadero vía crucis. Este déficit afecta directamente el derecho de los clientes y frustran las legítimas expectativas de los abogados, lesionando la dignidad y el decoro del ejercicio de la abogacía, lo que repercute en el justiciable, en la medida en que se retarda la respuesta a sus reclamos, en muchos casos con negativas consecuencias patrimoniales, con créditos que se actualizan con tasas de interés pasivas, que la inflación termina por consumir”.

Disposición al diálogo

Sostuvo que la difusión servirá para hacer llegar a la comunidad marplatense “cuál es la realidad del sistema judicial local y sus pormenores actuales, que los clientes sepan que existen estos problemas y que las demoras no son imputables a los abogados. Los letrados realizan su labor, es su medio de vida, de sus ingresos, y comparten con los particulares la misma inquietud, que es obtener una rápida respuesta de la justicia, ya que nosotros cobramos los honorarios al finalizar el proceso”.

El presidente del Colegio de Abogados exige a las partes involucradas en el diferendo, en nombre de sus compañeros de consejo directivo, “para que con vocación y disposición al diálogo y teniendo en consideración las trascendentes responsabilidades que a los sectores corresponde, acuerden en forma inmediata las vías de solución que conduzcan al pleno restablecimiento del servicio de justicia. Como Colegio nos corresponde velar por la defensa del estado de derecho, la justicia, el decoro y dignidad de los abogados, principios que están orientados fundamentalmente a garantizar al ciudadano común, el justiciable, el acceso irrestricto al servicio de justicia, obligación del Estado provincial y nacional para con todos los habitantes (art. 19 y concord. de la Ley 5177)”.