Con un centenar de muertos, mil heridos y muchos más detenidos desde el comienzo de las guarimbas (protestas callejeras), Nicolás Maduro encontró ahora un pretexto para ensimismarse aún más. El director de la CIA, Mike Pompeo, habló de la caótica situación de Venezuela durante reuniones que mantuvo en México y en Colombia. Lo reveló en el Foro de Seguridad de Aspen en respuesta a la inquietud de la ejecutiva venezolana Vanessa Neumann, presidenta de la compañía de seguridad Asymmetrica. No bien lo supo, el canciller venezolano, Samuel Moncada, tuiteó un video con la leyenda: “¡La evidencia de la agresión!”.

Es el combo perfecto: la CIA, México y Colombia. Algo así como la versión venezolana del Eje del Mal. Pompeo, más allá de insinuar prudencia en sus palabras, se mostró “optimista” ante la posibilidad de “una transición en Venezuela” y de que “nosotros, la CIA, estemos haciendo lo mejor para entender la dinámica” y “podamos comunicársela a nuestro Departamento de Estado”. Maduro no necesitó intérpretes para concluir: “La CIA y el gobierno de Estados Unidos trabajan en colaboración directa con el gobierno de México y el gobierno de Colombia para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela”.

México y Colombia rechazaron las acusaciones. Trataron de hacerle entender a Maduro que la preocupación por la crisis de su país no implica injerencia alguna. Las palabras de Pompeo coronaron la advertencia de Donald Trump de aplicarle sanciones económicas “fuertes y rápidas”, como las dictadas contra 13 figuras relevantes del oficialismo o inclusive prohibir la importación de petróleo, si Maduro insiste en el artilugio de llamar a la elección de constituyentes para reformar la Constitución, el domingo 30, y sigue demorando los comicios regionales que debieron realizarse en 2016 después de haber esquivado el referéndum revocatorio ordenado por la Asamblea Nacional.

Ningún país se ve más perjudicado que Colombia por la crisis de Venezuela. La reciente misión comercial del presidente Juan Manuel Santos en Cuba despertó alguna expectativa. Tuiteó después de reunirse con Raúl Castro: “Reiteramos: hay que desmontar la constituyente para lograr una solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo”. Castro resultó clave en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También podría serlo para desatar el nudo venezolano, especuló The Financial Times. Juiciosa, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, descafeinó la virtual gestión de Santos.

La cumbre del Mercosur, realizada en forma casi simultánea en la ciudad argentina de Mendoza, también despertó alguna expectativa. Más allá de las discrepancias sobre el tono del pronunciamiento entre el presidente anfitrión, Mauricio Macri, y su par uruguayo, Tabaré Vázquez, el bloque regional hizo “un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes”. Firmaron el documento los miembros plenos y asociados, excepto Bolivia. Fue otra señal de impotencia.

Después de varias mediaciones fallidas, incluida la del Vaticano, toda participación externa en Venezuela parece condenada a ser utilizada en beneficio de Maduro o de la oposición. El ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero medió para lograr el arresto domiciliario de Leopoldo López. No es poco, pero tampoco alcanza. La intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de su secretario general, Luis Almagro, en veredas enfrentadas con el presidente Vázquez en el Frente Amplio uruguayo, descarriló en la salida de Venezuela de ese órgano con burlas de Maduro: “¡La OEA, pa’l carajo! ¡Luis Almagro, pa’l carajo!”.

La crisis humanitaria por la escasez de alimentos y medicinas, así como por la inflación más alta del mundo, va de la mano de la crisis institucional. ¿Qué se propone Maduro con su constituyente? Acabar con la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, y gobernar con amplios márgenes de maniobra. O, en el fondo, legitimar la manipulación de los poderes. Esa visión castrense, heredada de Hugo Chávez, lo llevó a consolidar a los suyos en el Tribunal Supremo antes de la derrota en las legislativas.

La fiscal Luisa Ortega Díaz, renuente a convalidar la represión, resultó ser un tiro por la culata. Del chavismo pasó a la oposición como un rayo. Lleva en la manga la amenaza de ventilar los negocios turbios de los boliburgueses (aquellos que se enriquecieron con la revolución bolivariana). ¿Y los militares? ¿por qué no condenan la represión? El presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Defensa es varias veces mayor que el del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y supera con creces al del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Los oficiales no padecen penurias. Hasta disponen de créditos blandos del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creado por Maduro en 2013.

En la ficción discursiva de Maduro, Venezuela no está al borde del colapso. Atraviesa “una crisis revolucionaria”. Frente a ella, la oposición organizó un plebiscito simbólico sobre el gobierno y las fuerzas armadas. La respuesta popular resultó abrumadora. Echó a rodar “la hora cero”. Y, por impaciencia, designó a un Tribunal Supremo paralelo. El apuro pudo ser un balazo en el pie. Le dio aire a Maduro, encrespado contra su Eje del Mal. El de la CIA (o Trump, capaz de romper todo lo que toca), México y Colombia. Un trío perverso, en la jerga bolivariana, aupado por los acólitos de una oposición acorralada por la misma impotencia que siente la comunidad internacional.

Télam.