El gobierno nacional creó el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, que tendrá como objetivos la elaboración e implementación de una estrategia “para el desarrollo de políticas de acceso universal a servicios bancarios y financieros”, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.

La nueva instancia fue formalizada a través de la resolución 121 del Ministerio de Finanzas, firmada por su titular, Luis Caputo, y deberá “coordinar el diseño de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que tengan por finalidad el fomento y la facilitación del acceso universal a servicios bancarios y financieros de manera eficiente“.

Asimismo, articulará “los procesos participativos entre los diferentes actores públicos y privados”, e integrará “acciones para favorecer la inclusión financiera en la planificación de los diferentes sectores y/o sistemas”.

Otra función del Consejo será “proponer la ejecución de programas y planes específicos que desarrollen el impulso al crédito y al microcrédito, y la educación financiera“.

La resolución argumenta que el acceso a los servicios financieros incrementa el crecimiento de la economía y el bienestar de la población.

Esa tendencia, además, generará “una economía más equilibrada en la que se eliminan barreras de acceso a oportunidades de desarrollo y la entrada de nuevos participantes a los sectores productivos, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo la consolidación de las instituciones y las posibilidades de ahorro y crédito”.

La cartera de Finanzas añade que las poblaciones vulnerables no tienen debido acceso a los sistemas financieros, por lo que se ven obligadas a recurrir a vías informales “más costosas, insuficientes e inseguras”, o a sus propios recursos para poder realizar gran parte de sus transacciones financieras cotidianas.

Recuerda además que en la región ya desarrollan programas de inclusión financiera Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, mientras en la Argentina existen ejemplos, pero implementados “de manera aislada y sin un programa integral”.

El nuevo Consejo elaborará un proyecto de marco regulatorio que facilite la implementación de los programas y planes en todo el país, y garantice a la vez su fácil acceso en todo el territorio y la protección de los derechos de los consumidores.

Se propondrán además acciones “que fomenten y faciliten la protección al consumidor de servicios financieros, la expansión de las finanzas digitales y el financiamiento de las Mipymes”.