Lejos de ser un obstáculo para aprobar leyes de gran calado, la debilidad política del gobierno que encabeza el cuestionado Michel Temer parece trocarse en una gran fortaleza a la hora de conseguir mayorías parlamentarias en favor de las reformas laboral y fiscal, ampliamente contestadas por los sindicatos y por gran parte de la población de Brasil.

En la semana que acaba de culminar, el Senado de Brasilia convalidó una reforma de la legislación laboral que está llamada a tener un fuerte impacto en la economía y también en la lucha política y sindical en el vecino país.

Esta ley, que busca complementar la reforma fiscal sancionada hace algunas semanas y la previsional que está en ciernes, podría desatar una grave conflictividad social ya que sus principales cambios devuelven la condición obrera al período anterior al líder nacionalista Getulio Vargas y, en algunos aspectos, al siglo XIX.

La matriz de las modificaciones estructurales que introduce la nueva norma que comenzará a regir la vida laboral dentro de 120 días es que hace prevalecer la negociación por empresa de los salarios y de las condiciones de trabajo por encima de los convenios colectivos por rama de producción.

Se trata de una regresión histórica que busca debilitar la fuerza de los sindicatos en favor del sector patronal, recreando las condiciones existentes a finales del siglo XIX y principios del XX cuando la capacidad defensiva del colectivo obrero era mucho menor a la conseguida en las primeras décadas del siglo pasado cuando los sindicatos por rama de producción obtuvieron el reconocimiento legal para negociar con las federaciones empresarias.

En este sentido, la nueva ley transgrede las normas constitucionales de Brasil, reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a escala nacional e internacional, ya que obliga a los empleados a negociar en cada empresa sus salarios, incluso a la baja, la jornada de trabajo, los tiempos de descanso, los días francos y hasta la partición de las vacaciones en hasta tres períodos anuales.

Otro aspecto que se da de bruces con los reclamos de los asalariados es la legalización lisa y llana de la denominada “tercerización laboral“, esto es, la contratación a otras empresas de trabajos que hasta ahora llevaba a cabo dentro de una compañía.

Complementario a esto, la ley alienta y legaliza la conversión del trabajador en relación de dependencia en autónoma, lo que le permitirá a los patronos contratar sus funciones sin establecer vínculo laboral permanente, lo que significa ahorro de aportes previsionales, aguinaldos, vacaciones y cualquier otra carga social.

Esta relación, además, no estará mediatizada por la intervención del sindicato, pudiendo extinguirse por “mutuo acuerdo” de empleadores y empleados.

La búsqueda del debilitamiento de los sindicatos se evidencia, además, en que la nueva legislación deroga el carácter obligatorio del aporte sindical, una decisión que Temer buscará atemperar por medio de un acuerdo con las cúpulas sindicales, ofreciéndoles algún tipo de financiación que terminará transformando a las uniones obreras en apéndices del poder.

Cabe señalar que casi el único modelo que prefigura al que se busca imponer en Brasil fue el impuesto en España tras la democratización de 1977-1978, con prevalencia del comité de empresa sobre el sindicato, no obligatoriedad de los aportes y una financiación de las centrales sindicales a cargo del presupuesto del Estado.

El resultado de ese modelo fue un debilitamiento extraordinario de los sindicatos cuyos porcentajes de afiliación no superan el 10% de la fuerza de trabajo del pais.

Sin embargo, la reforma laboral de Temer es aún más profunda pues introduce la posibilidad de que mujeres embarazadas y con bebés en período de lactancia puedan trabajar en condiciones de insalubridad, siempre y cuando un certificado médico lo permita y autorice.

Asimismo, se autoriza a los empresarios a pagar los sueldos sobre una base horaria o diaria, no mensual, comunicando al empleado tres días antes cuál sera su jornada de trabajo, una modalidad que retrotrae a Brasil desde la época del moderno asalariado a la del jornalero campesino que se reunía en las plazas de los pueblos a esperar que cada día la convocatoria del dueño de la tierra que requiriese de su trabajo.

Por otra parte, se permite extender la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias, una medida que devuelve al asalariado al período histórico anterior a la lucha por las 8 horas de trabajo, otro signo claro de la involución que tienen enfrente todos los estratos de los trabajadores brasileños.

Pero esta reforma, que buscará ser profundizada con otra de orden previsional que prevé enormes reducciones de derechos de acuerdo con diversos analistas, incidirá también la situación laboral de otros países de la región, entre los cuales Argentina destaca por su calidad de principal socio del conversión de la relación conversión de la relación Mercosur junto a Brasil.

Es por ello muy probable que la reforma de Brasil acelere los tiempos en el gobierno y en el Parlamento argentino, una manera de ponerse a tono con los nuevos vientos que soplan a escala internacional y de los que Brasil es apenas un eco.

Se trata de una tendencia que crece desde la incorporación de China y otros países del Sureste asiático al mercado mundial, con una producción colosal de bienes a costos infinitamente menores a los de los grandes países industriales y también de las naciones semi-industrializadas como Argentina, Brasil o México.

Las características de esta globalización capitalista han determinado que en las últimas dos décadas se hayan producido “deslocalizaciones” masivas del Occidente desarrollado al nuevo Oriente en desarrollo, provocando un enorme aumento del desempleo y la pérdida de las inversiones en los países intermedios.

No por casualidad, un informe publicado ayer por que la consultora Abeceb, dirigida por el ex secretario de Industria Dante Sica, señalara que tras la esta importante reforma, Brasil ha logrado ampliar “la brecha de competitividad con nuestro país lo que le permitirá exhibir una mejor rentabilidad y ocupar el escenario central en el radar de los inversores”.

Desde este punto de vista, el ex funcionario, asegura y alienta que “Argentina deberá mostrar una determinación similar y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales de sustentabilidad fiscal, fundamentalmente, mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo”.