El múltiplemente condenado por crímenes de lesa humanidad excomisario de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, está más cerca de dejar la cárcel de Ezeiza y venir a vivir a su casa del Bosque Peralta Ramos: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria en las únicas dos causas por las que permanecía detenido intramuros en esa jurisdicción. La Unidad Fiscal que interviene en las causas por crímenes del terrorismo de Estado adelantó que recurrirá aquellas decisiones ante la Cámara Federal de Casación.

En las resoluciones, adoptadas por la mayoría de los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris, con la disidencia del juez Pablo Vega, se indica que la prisión domiciliaria otorgada en estas causas aún no se hará efectiva porque Etchecolatz se encuentra con “prisión rigurosa” en una causa que tramita en el Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora y en otra en la que será juzgado a partir de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de la Capital Federal.

El represor obtuvo el derecho de la prisión domiciliaria en las causas en las que se investiga su participación en los crímenes en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde aún no se ha celebrado debate, y en la que fue condenado en 2012 a prisión perpetua por el Circuito Camps de centros clandestinos de detención (CCD). Estas dos nuevas concesiones se sumaron a las que ya había logrado en las causas por los crímenes en el CCD “La Cacha” y en las brigadas de Banfield, Quilmes y San Justo.

Etchecolatz fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad: en 1986, a 23 años de prisión en la denominada causa 44 o Camps; en 2004, a 7 años de prisión (reducida luego a 4), por la apropiación de una hija de desaparecidos; en 2006, a reclusión perpetua en la conocida como “causa Etchecolatz”; en 2012, a prisión perpetua por el “Circuito Camps”; en 2014, a perpetua por un doble homicidio en el marco de la causa “La Cacha”; y en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.

El juez Castelli lideró el acuerdo. Su voto, que analiza diferentes informes periciales y compara la situación del represor con la de otros condenados por crímenes de lesa humanidad que obtuvieron la prisión domiciliaria, concluye que Etchecolatz es “una persona de 88 años de edad, que posee patologías crónicas irreversibles, con cuadro de deterioro generalizado y progresivo en razón de las patologías de base que lo aquejan“.

También sostiene: “Aprecio que en el caso no se verifican indicadores de riesgo de fuga, con fundamento en los largos años de prisión rigurosa, en su avanzada edad (88 años), la mencionada problemática vinculada a la fragilidad de su salud que lo mantendrá ocupado en ello. También se ha verificado arraigo familiar; repárese que lo ha visitado periódicamente su pareja y la vivienda mencionada para cumplir el arresto, fue ofrecida una y otra vez en solicitudes similares, no obstante lo cual corresponde en el caso imponer el sistema de pulsera electrónica”.

Esmoris, por su parte, señaló: “Su actual situación de salud, más la avanzada edad que presenta, permiten la morigeración de la prisión que viene cumpliendo, sin que ello implique hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones a nivel internacional por las sanciones impuestas a quienes han sido condenados o están sus procesos en trámite, como el presente, por delitos de lesa humanidad, o que se deje de sancionar debidamente a sus ejecutores”.

El juez Vega, en el voto minoritario, recordó que Etchecolatz está detenido en el hospital intramuros de la cárcel federal de Ezeiza y señaló que las actas que dan cuenta de las entrevistas que el condenado mantuvo con los diferentes profesionales de la salud que lo revisaron “han concluido que no hay afección grave, que no es necesaria la internación del imputado, señalándose que el riesgo que corre es el propio de la edad que posee aunque uno de los profesionales indicó que el lugar en el que se encuentra le permite contar con una más temprana asistencia médica”.

Vega remarcó que hace meses se viene debatiendo la situación de Etchecolatz y que “durante el extenso trámite que ha insumido esta incidencia el establecimiento carcelario no ha reportado ningún problema de salud que merezca de mayor atención”.

Si bien aún no obtuvo efectivamente la domiciliaria, el Tribunal Oral resolvió “requerir al Poder Ejecutivo Nacional, que de efectivizarse la prisión domiciliaria, adopte las medidas necesarias dentro de su competencia para preservar la integridad física de Miguel Osvaldo Etchecolatz como de terceros, tanto en el domicilio que resida como en los traslados que deban hacerse por razones de salud. O bien disponer las medidas necesarias y proporcionadas para el cumplimiento de lo aquí decidido”.

También dispuso que, el día en que se concrete la medida, se le prohibirá la salida del país a Etchecolatz, se lo controlará con el sistema de vigilancia electrónica y que el Patronato de Liberados lo visite cada quince días en el domicilio.