La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró hoy que el estado provincial “está en el camino correcto” para combatir el delito y “las mafias” y que “algo ya empezó a cambiar”, al presentar esta mañana los avances del Plan de Asistencia a la víctima y el cuerpo de “Abogados Públicos de las Víctimas”, que ofrecerá asesoramiento legal pleno y gratuito a los damnificados por hechos criminales y a sus familiares.

Durante un acto que encabezó junto al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari; y el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; la gobernadora dijo que “hoy venimos a sumar un grano de arena más desde la Provincia, que es este cuerpo de abogados que va a trabajar para asistir a las víctimas, que durante muchos años fueron olvidadas”.

Vidal resaltó que su gestión ha decidido “combatir la corrupción y la mafia, tanto dentro como fuera del Estado”, sin “negociar ni darnos por vencidos. Todo ese camino que empezamos nos va a llevar a un lugar mejor, nos va a devolver la paz. No va a ser de un día para el otro. El que diga eso, miente: lo que se destruyó durante muchos años no se va a recuperar rápidamente. Va a llevar tiempo, pero estamos en el camino correcto. Algo ya empezó a cambiar para recuperar la paz que perdimos con la corrupción, la inseguridad, el delito adentro y afuera del Estado”.

Participaron del anuncio Carolina Píparo, María Luján Rey, Matías Bagnato, Silvia Irigaray, Marta Canillas, Leonardo Menghini, Jimena Aduriz, Nilda Gómez y Elsa Gómez, familiares de víctimas e integrantes de Madres del Dolor.

“El trabajo más difícil que nos toca es el de acompañar y asistir a los familiares de las víctimas. Uno sabe que no hay nada que repare la pérdida. Sólo la Justicia y estar presente puede ayudar a aliviar, pero nada repara la pérdida. Siempre creí que el Estado tenía que estar ahí: si no fue capaz de evitar lo que pasó, tiene que tener la entereza, la capacidad e inmediatez de dar la cara al día siguiente y acompañar”, explicó.

Según Vidal, “tenemos que dar el ejemplo y acompañar su trabajo todos los días, para volver a vivir en paz. Estamos preocupados y ocupados, estamos en el camino correcto”.

En tanto, el ministro Ferrari evaluó que “cuando el Estado no puede evitar un delito, por lo menos tiene que estar presente para atenuar las consecuencias de ese delito. Las víctimas, las grandes olvidadas del proceso penal durante décadas en nuestro país”.

A su turno, el procurador Gerardo Conte Grand indicó que el cuerpo de letrados “nos va a permitir coactuar con la defensa, con las asesorías y curadurías en un intercambio de información y tareas que nos van a dar la certeza de que vamos a brindarles a las víctimas y familiares la protección, el acompañamiento y el asesoramiento técnico y jurídico de mayor excelencia para poder garantizar sus derechos en todo momento del proceso, e incluso con posterioridad al proceso”.

Los “Abogados Públicos de las Víctimas” acompañarán en todo el proceso penal a aquellas personas que requieran sus servicios y se acerquen tanto a las dependencias del Ministerio Público en los 19 Departamentos Judiciales como también en nueve Centros de Asistencia a la Víctima y Acceso a la Justicia (CAVAJ) nuevos que funcionarán en los partidos de La Matanza, Almirante Brown, San Miguel, Florencio Varela, José C. Paz, Lanús, San Isidro, Vicente López y Malvinas Argentinas.

Esta medida fue adoptada por iniciativa del Ministerio de Justicia provincial, luego de que el año pasado se diseñara el “Plan Integral de Asistencia a la Víctima” para ayudar y asesorar a quienes sufren episodios de violencia.

Los “Abogados Públicos de la Víctima” tendrán dedicación exclusiva para patrocinar durante todo el proceso e incluso representarla cuando ésta se constituya como particular damnificado.

Estos profesionales que brindarán asistencia atenderán en las dependencias del Ministerio Público como en los Centros de Asistencia a la Víctima distribuidos en todo el territorio bonaerense.

Desde el lanzamiento del Plan, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia tomó intervención en 2.870 delitos graves y en 539 casos de trata de personas.