La Corte Suprema de Justicia ratificó una investigación que involucra al ex embajador argentino en Panamá, el actor cómico Miguel Torres del Sel, y al intendente de la localidad santafesina de Funes, Diego Omar León Barreto, por presuntas irregularidades en el financiamiento de partidos políticos en 2012.

La Corte, en un fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazó un planteo de “prescripción” formulado por los abogados de Barreto.

La causa gira en torno a que las autoridades del PRO en Santa Fe están acusadas de “no poder acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos” como parte del financiamiento de los partidos políticos en 2012.

Del Sel y Barreto habían sido beneficiados en 2015 con la”prescripción” de la causa, pero la Cámara Electoral revocó esa medida puesto que tanto uno cuanto el otro ocuparon cargos públicos.

La permanencia en cargos públicos de al menos uno de los imputados interrumpe los plazos de prescripción para todos los involucrados en un expediente judicial.

El actor y el intendente están acusados por presunta violación del artículo 63, inciso “b”, de la Ley Nº 26.215, de “financiamiento de los partidos políticos”.

Esa normativa establece que “el presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económicofinanciero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis meses a diez años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”.

Según la investigación, en 2012 los referentes del PRO santafesino no pudieron justificar el origen y destino de unos 300 mil pesos.

En aquel momento, al ejercer su defensa, Del Sel -diputado nacional hasta marzo de 2015 y candidato a gobernador santafesino ese año- calificó el reproche judicial como “formal” e “insignificante”.

Pero el fiscal electoral Walter Rodríguez replicó que “los hechos imputados son de suficiente entidad para conmover el estado de inocencia” de ambos políticos.