En repudio a la decisión del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani de evitar el juicio oral y público a integrantes de un grupo neonazi, distintas organizaciones se movilizarán este miércoles a a las 9,30 Tribunal Oral Federal para repudiar el acuerdo y pedirle a los jueces que modifiquen esta situación.

Los magistrados Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela deberán revisar los detalles del acuerdo aunque la posibilidad de que se revierta la situación es compleja. Es que la decisión del fiscal es prácticamente irrevocable salvo que se encuentren irregularidades en el proceso en que se llegó a acordar el juicio abreviado.

La causa se inició a partir de octubre de 2015 luego de una serie de amenazas y ataques de los miembros de esta patota.

Tras las primeras medidas investigativas, se vislumbró la existencia de otros expedientes en trámite en la justicia provincial y federal que podrían abordar hechos similares. Esto derivó en un pedido de los fiscales de investigar de modo conjunto los distintos expedientes -que fue respaldado y elevado por el fiscal de Distrito Daniel Adler- y la siguiente resolución de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que ordenó la conformación de una comisión de fiscales para tal fin, además de la colaboración de las unidades fiscales especializadas en Violencia contra las ujeres (Ufem) y en Ciberdelincuencia (Ufeci).

De este modo, se solicitó la conexidad de cinco causas que estaban tramitando en Justicia Federal, y se pidió la inhibitoria de otros cinco expedientes que tramitaban ante los Tribunales provinciales. En este contexto comenzaron las detenciones de los acusados.

Con el avance de la investigación,el juez federal Santiago Inchausti resolvió el procesamiento de Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Spagnolo, y un menor de edad, los dos últimos sin prisión preventiva por una serie de hechos violentos vinculados a supuestos de discriminación e imposición de una ideología. Se los acusó de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas.

Para la Justicia, las víctimas no fueron elegidas al azar. Además, se consideró que su actuación estuvo motivada por la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de su simbología, lo que es señalado como actos discriminatorios según la ley 23592.

En ese tramo de la causa, la Justicia consideraba que estaba probado que los involucrados conformaban un grupo organizado de personas, que actuaba contra grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social.

De esta manera, Inchausti elevó la causa juicio oral y tomó intervención el fiscal Pettigiani para quien
no quedó acreditado que los jóvenes hayan integrado una organización ni una asociación. Además, la defensa cuestionó el procedimiento que terminó con la captura de los acusados y manifestó que se trata de “presos políticos que están detenidos por causas armadas”.

Nevermind, el local nocturno atacado por neonazis.

En este nuevo escenario favorable para los imputados de una serie de casos de los que habló el país, la fiscalía pidió para Olea 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de “lesiones graves y lesiones leves” y “amenazas”. En el caso de Paniagua, solicitó la misma pena por los mismos delitos, aunque este joven está acusado además por los daños ocasionados en un bar perteneciente a un militante por la igualdad y los Derechos Humanos.

Con respecto a Caputo y Levchenko el fiscal dictaminó que sean condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de “lesiones graves y lesiones leves”. Y en el caso de Spagnolo se acordó la misma pena pero con cumplimiento efectivo. Para Franco Martín Pozas y Marcos Caputo se pidió la suspensión del juicio a prueba, mientras que con respecto a Spagnolo se solicitó su sobreseimiento.

“Repudiamos enérgicamente el acuerdo celebrado entre Juan Manuel Pettigiani y los ocho neonazis y reclamamos a los jueces del Tribunal que lo rechacen y escuchen a las víctimas en un juicio oral y público“, pidieron desde distintas organizaciones entre las que se encuentra La Alameda, impulsora de la denuncia. Y agregaron: “Hay argumentos del fiscal que rayan en lo absurdo, negociando los cargos y recortando hechos en violación a las normas legales”.