TOKIO.- Japón ahorcó hoy a dos condenados a muerte, un hombre y una mujer, lo que eleva a 16 el total de ejecuciones firmadas por el Gobierno del actual primer ministro, el conservador Shinzo Abe, según informó el Ministerio de Justicia nipón.
Las anteriores ejecuciones en este país, el único industrializado junto con Estados Unidos que mantiene la pena de muerte, tuvieron lugar el pasado 18 de diciembre cuando se colgó a dos hombres por asesinatos múltiples cometidos en 2006 y 2009.
Los ejecutados hoy son Yasutoshi Kamata, de 75 años, condenado por los asesinatos, cometidos entre 1985 y 1994, de cuatro mujeres y una niña de 9 años en la prefectura de Osaka.
El tribunal que lo condenó consideró probado que estranguló a todas las víctimas para hacerse con dinero de las mismas y que secuestró y posteriormente asesinó a la niña tras pedir un rescate por su vida.
La otra persona ejecutada hoy es Junko Yoshida, una ex enfermera de 56 años y fue condenada en 2010 a la pena de muerte por asesinar a dos hombres en Kurume, en la isla de Kyushu.
En este caso se consideró probado que, con la ayuda de otras tres compañeras de trabajo, orquestó los asesinatos de dos de los maridos de éstas (a los que se les inyectó primero un somnífero y luego aire en las venas para simular un infarto) para que entre todas cobraran sus respectivos seguros de vida.
Las ejecuciones de Kamata y Yoshida se llevaron a cabo en los centros de detención de Osaka y Fukuoka, respectivamente.
“Mantener este sistema es inhumano y cruel y define a Japón como país que ignora los derechos humanos. Es lamentable que se lleve a cabo cuando el país, que aspira a tener peso en la comunidad internacional, está a punto de ser anfitrión en mayo de la cumbre del G7”, explicó a EFE un portavoz de Aministía Internacional Japón.
En Japón, donde se emplea la horca, a los reos se les comunica que van a ser ajusticiados horas antes de la ejecución, algo duramente criticado por ONGs que denuncian la carga psicológica que soportan los condenados, muchos de los cuales pasan décadas recluidos y aislados sin saber cuándo se les aplicará la pena.
Las organizaciones humanitarias también presionan regularmente a Tokio para abolir la pena capital, al tiempo que el Gobierno insiste en que el debate no es necesario dado el apoyo mayoritario que indican las encuestas (de en torno al 80%).