Los secretarios generales del Suteba y Sadop locales solicitaron ayer la intervención del delegado del Ministerio de Trabajo provincial al considerar “un claro avasallamiento” los descuentos realizados a los docentes por realizar paros. “Se trata de derechos consagrados en la legislación vigente, en la Constitución Nacional y Provincial. El derecho de huelga, el carácter alimentario del salario, las condiciones dignas para enseñar y aprender, no deben ser cuestionadas”, dijeron en el escrito Gustavo Santos Ibáñez y Angel Guarás, representantes de los gremios.
Según dijeron, la vulneración al derecho de huelga se dio a través de descuentos “ilegales e ilegítimos tanto en los meses de abril y significativamente en mayo”. Entonces ejemplificaron que algunos docentes tuvieron descuentos “superiores al 20%, lo que provocó que muchos cobren por todo concepto entre 1.000 y 2.000 pesos”. Asimismo dijeron en el escrito que “el sistema de descuento se realizó en forma arbitraria, sin mecanismo de progresividad, en forma desprolija, así se descontó a docentes que no hicieron paros o que estaban en uso de licencia. En muchos casos el descuento se efectuó en forma total -no escalonada- dejándolos casi sin salario y sin poder afrontar sus gastos, generándoles graves perjuicios económicos y familiares”.
Entre los motivos por los que pidieron la intervención del delegado local del Ministerio, Guarás y Santos Ibáñez se refirieron al carácter alimentario del salario. “A todas luces de lo descripto ut-supra, no fue para nada tenido en cuenta por el gobierno de la provincia, agravado además por el descuento exorbitante que sufrieron también los docentes por parte de la AFIP -al retener el impuesto a las ganancias-cuarta categoría. Los descuentos por días de paros fueron entre 1.000 y 7.000 pesos, por parte de la AFIP descuentos entre 9.000 y 42.000 pesos, llegando a percibir el docente 2.900 pesos como todo concepto”.
Asimismo dijeron que el pago de los salarios “es una de las obligaciones principales que tiene todo empleador que de ninguna manera puede desconocer el carácter alimentario del salario”. Esta característica es la que hace que “la legislación imponga una serie de protecciones del salario frente al empleador, esta misma legislación que protege el salario es la que no se está aplicando por parte de las autoridades provinciales. Todo ello de acuerdo a la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y Jurisprudencia imperante”.
Por otra parte en el documento los representantes docentes se refirieron a las condiciones para enseñar y aprender. “Las condiciones edilicias de las escuelas públicas en nuestro distrito, es de constante reclamo por parte de nuestro sindicato, la comunidad educativa ya que no hay condiciones exigidas en la legislación vigente, como en las recomendaciones realizadas por la Comisasep”, comentaron.
En este sentido hablaron de edificios que demandan “en forma urgente contar con un sistema de calefacción y electricidad seguro y permanente, agua segura, desmalezamiento, refacciones varias, arreglos de techos, ampliaciones, etc”, explicaron. Y justificaron que esta situación “lleva no sólo a pérdida de días de clases, con suspensiones y rotación de cursos, sino que exponen la salud y seguridad de la comunidad en su conjunto”. Entonces consideraron que “la inspección por parte de esa delegación de trabajo se hace imperativa”.
En este marco y por último solicitaron a la delegación que intervenga “de manera urgente,ante los organismos que estime corresponder y con las gestiones que sean conducentes para que se revierta la situación que claramente lesiona derechos”.