El presidente de la Asociación de la Justicia Municipal de la provincia, Carlos Rey, puso este miércoles reparos a la iniciativa del intendente Carlos Arroyo de labrar multas de tránsito a través de las cámaras de seguridad instaladas en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

El dirigente señaló que “tendría que haber personas haciendo la multa”, e incluso manifestó que “habría que actualizar la legislación”.

“Esta es una aspiración que se ha formulado ya en distintos municipios. Por ejemplo, en Bariloche, donde hubo también controversia. El juez municipal de faltas de allá, en una posición con la que yo coincido, manifestó que es imprescindible que exista un funcionario de carne y hueso que rubrique un acta de acuerdo con el régimen legal que nosotros tenemos”, dijo Rey a LA CAPITAL. Y agregó que, en consecuencia, “una cámara no cubriría esa formalidad que está en la norma que establece procedimientos para registrar contravenciones de tránsito”.

Rey explicó que, en el caso de que se utilicen las cámaras como lo propone el jefe comunal, la multa llevaría la firma de “una persona que no estuvo en el lugar del hecho, que generalmente es el director de Tránsito”. Añadió que el eventual infractor tiene derecho a solicitar su declaración testimonial, a la que el funcionario “no puede concurrir porque no sabe nada”, pues no estuvo en el sitio, sino que sólo firmó el acta que notifica la infracción.

“Se está avanzando en este tipo de situaciones más allá de lo que el marco normativo permite. Ciertamente, habría que actualizar la legislación si la intención es hacer algo así. También poner en práctica lo que establece la ley nacional de firma digital, por ejemplo, y establecer algún tipo de mecanismo como para que las personas que detectan con sus propios sentidos la infracción sean quienes rubriquen las actas que luego les llega a los presuntos infractores”, indicó Rey.

El intendente anunció el lunes que personal de tránsito ocuparía una parte de las instalaciones del COM para hacer infracciones a los automovilistas que estacionen en doble fila, a los que pasen el semáforo en rojo y a los que circulen en contramano.

Rey marcó que, “según la Ley de Tránsito provincial, todas las cámaras que hacen fotomultas deben estar homologadas por la Dirección Provincial de Seguridad Vial y por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)”. También deben “constar en un registro” de la Nación.

“Entiendo que (las cámaras que se utilizan para videovigilancia) no estarían homologadas por la provincia, pero de todas maneras, más allá de la homologación que implica que tengan un estado técnico, que el software es el correcto y demás, lo cierto es que se pretende con esto alcanzar una solución que no se logra por la vía correcta” – mencionó el dirigente–. Porque la vía correcta sería la de una mayor educación, una mayor concientización, un mayor control personal en la vía pública que haga que las personas tengan la idea subjetiva de que pueden llegar a ser constatadas sus infracciones en el momento, y no que le notifiquen una multa a los seis meses”.

Rey especificó que en la provincia de Buenos Aires “la ley 13927 no admite que los municipios tomen medidas relacionadas con el tránsito” y “establece un procedimiento para la constatación de las faltas”.

A su juicio, la intención de usar las cámaras del COM asoma contradictorio con el proyecto para implementar las fotomultas, que el gobierno de Arroyo presentó el año pasado y aún no logra consenso en el Concejo Deliberante.
“Parece que iría uno contra otro, porque si se manda un proyecto de fotomultas y no se incluyen a estas (de seguridad), parece como que no quedarían dentro del marco normativo local”, apuntó el titular de la Asociación de la Justicia Municipal.

“Evidentemente, lo ideal sería hacer un trabajo conjunto con los órganos de sanción, que son los que van a intervenir en última instancia. Y suponiendo que se allanaran todos los problemas que tienen que ver con la legitimidad de la actuación de esas cámaras, hay que ver si la cantidad de actuaciones que se generasen podrían ser absorbidas por los juzgados de faltas y no que se produzca un colapso”, acotó. Y subrayó que “habría que estudiar este tema desde todos los ángulos posibles”.