La denuncia que fiscal Alberto Nisman hizo contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner días antes de aparecer muerto, pasó hoy a manos del juez federal Claudio Bonadio por decisión el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, según su fallo de tres páginas al que accedió Télam.

El titular del tribunal de apelaciones tomó la decisión al resolver sobre un conflicto de competencias planteado luego de que Bonadio le pidiera su par Ariel Lijo que se apartara de la investigación de la denuncia de Nisman porque él tenía una conexa en su juzgado.

El camarista Irurzun entendió que el pedido de Bonadio era correcto y, a pesar de la oposición inicial del juez Lijo, ordenó que se apartara de la causa contra la ex presidenta por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA.

“Los magistrados contendientes concuerdan en que las actuaciones son conexas, aunque se atribuyen ambos la competencia”, sostuvo Irurzun en su fallo.

“El titular del Juzgado Federal 4 (Lijo) se efectivizó recién al momento del apartamiento de su colega a cargo del Juzgado 3 (Daniel Rafecas) del fuero y, por lo tanto, en forma claramente posterior a su contendiente en esta incidencia (Bonadio)”, remarcó.

La noticia del cambio implica que la ex presidenta será investiga en otra causa por el juez Bonadio, que fue el primero en procesarla tras el fin de su mandato por presuntas irregularidades en la operatoria con dólar futuro durante su gestión.

“Son insaciables”, opinó el abogado Alejandro Rúa, quien representa a la ex presidenta y al ex canciller Héctor Timerman en la causa por presunto encubrimiento al anoticiarse del cambio de juez en el expediente.
Rúa recordó que él había recusado a Lijo y a Bonadio por haber sido cuestionados y apartados de otros expedientes vinculados con el atentado a la AMIA, hecho que deberá ser resuelto por el magistrado que quedó a cargo de la denuncia de Nisman.

Nisman denunció a la ex presidenta el 14 de enero de 2015 y cuatro días más tarde apareció muerto el baño del departamento que alquilaba en la Torre Le Parc de Puerto Madero.

La denuncia, presentada durante la feria judicial, había sido enviada a sorteo por el juez de feria y había recaído en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas quien la desestimó en dos oportunidades.

El 29 diciembre de 2016 la Cámara Federal de Casación Penal revirtió las decisiones de Rafecas, avaladas por la Cámara Federal porteña, y ordenó investigar la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

La causa fue enviada a sorteo y cayó en el juzgado a cargo de Lijo quien la tuvo hasta hoy, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien tenía previsto comenzar esta semana con una serie de declaraciones testimoniales, aunque con este cambio podría modificarse ese cronograma.

Durante el período en el cual la denuncia original de Nisman no avanzaba en los tribunales de Comodoro Py, el juez Bonadio abrió una causa paralela para juzgar el mismo hecho, tras la denuncia de un abogado particular.

Tras realizar una serie de medidas en la causa por “traición a la patria” contra la ex presidenta, Timerman y todos los legisladores que aprobaron la firma del memorándum de entendimiento con Irán, Bonadio le reclamó la causa a Rafecas.

Fue hace 15 días que el juez Lijo rechazó el pedido de su par y argumentó que la denuncia sobre la que el estaba trabajando había sido presentada con anterioridad, tenía un objeto procesal es más amplio y más imputados.

El juez Bonadio no aceptó la respuesta de Lijo y recurrió a la Cámara de Federal porteña que hoy decidió hacer lugar a su planteo y dejarlo a cargo de la denuncia que más afecto al gobierno kirchneristas durante toda su gestión.

La denuncia presentada ante el juez Bonadio tomó como base una conversación entre el ex presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y el ex canciller Timerman cuya grabación nadie se atribuyó.

En esa charla ex funcionario kirchnerista hacía referencia a Irán como eventual responsable del atentado terrorista que se cobró la vida de 85 personas y dejó decenas de heridos el 18 de julio de 1994.

La denuncia de Nisman, ahora a cargo de Bonadio, investiga la existencia de un “plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad de iraní acusados para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”.

Según sostuvo Nisman, para perpetrar el plan de encubrimiento se habría utilizado el “Memorándum”, declarado inconstitucional, firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía por el canciller iraní Ali Akbar Salehi y el argentino Timerman.

La denuncia del entonces titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la AMIA alcanzó a la ex presidenta, a Timerman, a los dirigentes políticos Luis D Elia, y Fernando Esteche, a Youssef Khalil, al diputado nacional Andrés Larroque, al ex juez Héctor Yrimia y al espía Ramón Bogado.

Una vez reabierta la causa, el fiscal Pollicita, amplió la acusación e incluyó al ex ministro de Planificación Julio De Vido, al ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, a la ex procuradora de Tesoro de la Nación Angelina Abbona y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia en el kirchnerismo, Carlos Zannini.