Con “sorpresas” comenzaron a llegar los ajustes de la liquidación de los anticipos de la Tasa por Servicios Urbanos con el aumento dispuesto por las Ordenanzas Fiscal e Impositiva sancionadas para el ejercicio 2017, a la vez que se liquidaron las actualizaciones de los anticipos 1 y 2 de acuerdo a la legislación vigente en el año 2016.

Sobre el tema se expidió el diputado provincial Rodolfo Manino Iriart, quien sostuvo que desde hace 10 días está recibiendo “numerosos comentarios y consultas de vecinos de General Pueyrredon, con casos en los que el aumento superó el 100% de lo que se abonaba por el mismo concepto en 2016”.

“Nos piden por favor que los defendamos, sienten impotencia porque directamente hay personas que no lo pueden pagar”, destacó. “La situación en la que fueron puestos vecinos de nuestro distrito es dramática. Esto demuestra lo lejos que están los gobernantes de la gente”, dijo. Y agregó: “Para colmo, a lo que ocurre a nivel local debemos sumarle las inexplicables subas en la provincia “.

Debe recordarse que en enero último el Concejo Deliberante aprobó las Ordenanzas 23.021 y 23.022 a través de las cuales se modificaron las bases de cálculo de la TSU, modificando sustancialmente el sistema que hasta ese momento establecían las Ordenanzas 22.594 y 22.595.

Las modificaciones esenciales fueron dos: la primera viene dada por el cambio del monto básico, que fue llevado de $464 a $ 3014; la segunda fue que para el cálculo se pasó a tomar el 100% de la valuación fiscal mientras que en la legislación derogada se computaba el 50% de la valuación de cada inmueble.

“Esto deja en una situación de desamparo a los contribuyentes debido a que no sólo deben abonar sumas exorbitantes sino que esos pagos no tienen contraprestación alguna: los servicios son absolutamente ineficientes y, en su mayoría, vienen financiados por la provincia de Buenos Aires”, afirmó el legislador.

Manino Iriart les pidió a las autoridades de General Pueyrredon que “recapaciten, están a tiempo de no generar desesperanza en la sociedad”. Luego opinó: “No se comprende cuál es el cálculo efectuado para disponer el aumento ya que el índice de inflación oficial para 2016 apenas superó el 40% mientras que el aumento de la TSU en la mayoría de los casos fue de más del 80%”.

“¿En qué se basa un aumento de semejante magnitud cuando esta misma gestión de gobierno ofrece un aumento salarial a los empleados municipales por debajo del 20% y a las sociedades de fomento del 18% en los convenios?”, se preguntó.

“De ningún modo -continuó- el aumento dispuesto en la TSU puede asimilarse al aumento de tarifas por servicios públicos ya que en este último caso, el precio que percibían las prestatarias se encontró inmóvil durante años mientras que en el caso de los tributos municipales la actualización es anual”.