El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, rechazó este sábado la aplicación de la Ley del 2X1 en las condenas de delitos de lesa humanidad al evaluar que esa norma constituye un “símbolo de impunidad”, luego de que la Corte Suprema de Justicia aplicara este martes ese cálculo en favor del represor Luis Muiña.

“Rechazamos el 2×1, y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad. Esperamos que sea muy restrictiva” su utilización, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Nacional, desde la provincia de Mendoza donde hace un seguimiento de las obras que están en ejecución.

Peña explicó que “consideramos que el 2×1 es un símbolo de impunidad en general porque es un mecanismo que beneficia, o beneficiaba, a los delincuentes más complicados, más duros. Esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad”.

No obstante, remarcó que “la Corte Suprema (de Justicia) es independiente y ellos (el tribunal que la integra) son los que tienen que velar por la responsabilidad de sus fallos”.

“La política del Gobierno es continuar con las acciones de Memoria, Verdad y Justicia y la búsqueda del fin de la impunidad”, expresó Peña.

En este sentido se refirió a los “documentos desclasificados” de la dictadura militar que se pueden consultar gracias las acciones del “gobierno nacional que vino trabajando para que esto sea posible”.

Las declaraciones de Peña están en sintonía con las expresadas por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien apenas se conoció el fallo salió a manifestar su oposición respecto de la ley del 2×1 sin dejar de remarcar la “independencia del Poder Judicial” por la que también pugnan las autoridades nacionales.

Rechazo a solicitudes

En tanto, el viernes el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 denegó liberar a los represores Héctor Giribone y Jorge Luis Magnacco a través de los beneficios de esa norma.

Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y entregador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad, en tanto, Magnacco fue el obstetra de la ex ESMA y ya cumple una condena a 15 años de prisión en el penal federal de Marcos Paz, por apropiación de bebés.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en el caso de Giribone, en los que resaltaron que los fallos de la Corte sientan jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que el represor no estaba en condiciones de reclamar el 2×1.

Por su parte, respecto de Magnacco, los jueces Palliotti y Leopoldo Bruglia no se pronunciaron sobre la validez del 2×1 sino que rechazaron el planteo por cuestiones formales, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Magnacco hizo un planteo similar a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa, explicaron fuentes judiciales.

En paralelo, Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, pidió la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2×1, en tanto que una fiscal reclamó la inconstitucionalidad de este beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Víctor Gallo.

El ex prefecto Azic (76), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Sin embargo, Donda salió esta noche a negar que su apropiador haya pedido su libertad.

En 2012, Azic fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de Donda en 2012; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri, en 2014.

El viernes, la fiscal federal Ángeles Ramos solicitó además al Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal que declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de ese beneficio, al rechazar la excarcelación pedida por la defensa de Víctor Alejandro Gallo, condenado también por crímenes de lesa humanidad.

La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente “Bignone-Muiña”, firmado por la Corte Suprema.

Pedido de Abuelas de Plaza de Mayo

En tanto, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ante la Justicia que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, Gallo, recupere la libertad.

Madariaga nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar y fue apropiado por Gallo, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones, según recordaron Abuelas a través de un comunicado.

También el represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos -entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus- pidió ayer ser liberado mediante el beneficio del 2×1.

Ante este panorama, el jefe de Gabinete fue taxativo en la posición del gobierno Nacional: “la Corte Suprema es Independiente y son ellos quienes deben velar por la responsabilidad de sus fallos. Rechazamos la aplicación del 2X1, y más rechazamos que se aplique a delitos de lesa humanidad.la política del Gobierno es continuar con las acciones de Memoria, Verdad y Justicia y la búsqueda del fin de la impunidad”, expresó Peña.