Al final no eran las cadenas nacionales, las carteras de Vuitton o los modos y las formas. Finalmente luego de 16 meses de gobierno del Frente Cambiemos queda claro hasta para los más desprevenidos que la discusión pasaba, y pasa, por dos proyectos de país que confrontan entre sí.

La discusión sobre la economía, la conflictividad social, la cultura, la mirada inclusiva o elitista de la sociedad, el rol de los servicios públicos, del sistema de paritarias laborales o las políticas sobre medicamentos, accesibilidad y derechos, son sin lugar a dudas algunos de los puntos donde estas distintas miradas sobre la sociedad se plasman a diario.

Aunado a ello, hoy sale al descubierto que la política hacia el Poder Judicial, su rol y por sobre todo su función como garantizador de la promoción y protección de los Derechos Humanos no queda exenta de esta confrontación de proyectos políticos.

En los últimos meses el gobierno del Frente Cambiemos realizó pedido de juicio político a los jueces Gilbert y Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo, por hacer lugar a una medida cautelar a favor del sindicato de los bancarios, a la jueza federal Martina Forns que paró el tarifazo de luz a nivel nacional o el pedido de juicio político al juez Luis Arias en La Plata por su resolución contra el tarifazo en provincia de Buenos Aires.

Todo ello de la mano de la renuncia forzada, como lo expresó el propio involucrado, el juez Carlos Rozanski, precursor de los juicios contra el terrorismo de Estado en la ciudad de La Plata. Por ello decimos que es en este contexto de disciplinamiento judicial, que debemos enmarcarnos para comprender el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el Caso “Muiña”.

Resulta difícil explicar puramente desde la técnica jurídica, sin el contexto referenciado, como puede ser que la doctora Elena Highton de Nolasco se aparte de su propio voto en el caso “Magnacco” acaecido en el 2009 y donde se opuso a la aplicación de la ley del 2×1 en un caso por delitos de lesa humanidad. Sin a renglón seguido recordar que su cumpleaños número 75 hacía peligrar la continuidad en su cargo de no haber sido por el generoso fallo judicial de primera instancia que le garantizó su continuidad y que el gobierno nacional no apeló.

Como entender sino que tres de los jueces que efectuaron precedentes de trascendencia internacional, en lo que respecta al juzgamiento de delitos de lesa humanidad, no hayan mantenido la mayoría de la Corte para rechazar el planteo efectuado por el represor Luis Muiña.

Impedimento

Está claro para los integrantes de la Corte Suprema, que el marco protectorio de Derechos Humanos a nivel regional e internacional impiden cualquier intento de amnistía, indulto o conmutación de pena para delitos de lesa humanidad. Cualquier tentativa en tal sentido haría pasible a la República Argentina de sanciones internacionales. Es así que la búsqueda de nuevos mecanismos que reviertan las políticas de memoria, verdad y justicia, garantizando procesos de impunidad, lleva a la aparición del dictado de prisiones domiciliarias, desmantelamiento de las políticas públicas para la persecución de delitos de lesa humanidad y la implementación de la denominada ley de 2×1 para delitos que por su especificidad y marco protectorio internacional no pueden ser asimilados a delitos comunes.

Todo lo expuesto ocurre en la misma semana que desde la curia eclesiástica se vuelve con un argumento ya debatido y desechado por la sociedad argentina, como es el proceso de Reconciliación Nacional.

Luego de 33 años de democracia, nos plantean volver a discutir lo mismo, cuando la Argentina ya dio debates en tal sentido que ameritan a profundizarlos y no retrotraerse todo el tiempo a discusiones pasadas. En estos nuevos tiempos que corren, nos vuelven a traer recetas cuyo resultado final siempre es la impunidad y el impedimento al juzgamiento de los responsables.

Hay algo que surge claramente de esta discusión que poco tiene de jurídica, y es que existen dos proyectos de país en pugna, entre los cuales se encuentran aquellos que procuran garantizar la impunidad y quienes afirmamos lo que no se juzga se repite.

(*): Precandidato Frente para la Victoria (FPV). Magister en Derechos Humanos.