El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró hoy que “es una aberración jurídica comparar crímenes de lesa humanidad con delitos comunes” en referencia a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de habilitar la aplicación de la denominada ley del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

“Los delitos de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. La decisión de los tres miembros de equiparar los delitos comunes con los de lesa humanidad le hace un daño profundo a toda la sociedad; daña muchísimo el derecho de verdad y justicia”, expresó Pérez Esquivel a Radio Altos de Bahía Blanca.

El Premio Nobel de la Paz consideró que “es una aberración jurídica comparar crímenes de lesa humanidad con delitos comunes”.

También manifestó su preocupación debido a que el fallo de la Corte Suprema se conoció horas después que la Conferencia Episcopal Argentina emitiera un comunicado en el que llamó a un proceso de reconciliación entre victimas y victimarios de la última dictadura cívico militar.

“No se tiene que tratar de un olvido sino que tiene que ser un paso concreto empezando por el arrepentimiento, siguiendo por la verdad y justicia, continuando con la reparación del daño, luego un pedido de perdón y por último una búsqueda de la reconciliación”, expresó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró ayer aplicable la denominada ley del 2×1, para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

La decisión, adoptada en mayoría por tres votos contra dos, con el dictámen favorable de los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable en el caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad.