Las palabras del Presidente de la Nación Mauricio Macri en una cena televisada con Mirtha Legrand hace un par de semanas generaron una gran controversia. “Otro problema de fondo que es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus el que tiene que caer en la escuela pública”, fue la frase puntual que, debido a los orígenes de clase alta del primer mandatario, fueron fácilmente sacadas de contexto para acusarlo de un acto fallido que evidenciaba su desprecio hacia la educación de gestión pública.

Lo cierto es que esa acusación responde más a un prejuicio de la audiencia que a un furcio en sus declaraciones. Creer que la educación de gestión privada está reservada a chicos de clase media, media-alta y alta es un error tan grave como ignorar el excelente trabajo que el actual Gobierno de la Nación realizó con la educación de gestión pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los dos mandatos previos.

Dentro de la órbita de las instituciones educativas de gestión privada no sólo debe incluirse a aquellos colegios elitistas, de jornada completa, bilingües y/o con cuotas que superan en la mayoría de los casos a las de la mayoría de las universidades privadas. También deben contemplarse los colegios parroquiales y otros de gestión privada no confesionales, que poseen cuotas significativamente menores y que son precisamente los que más han proliferado en los últimos 20 años.

A causa de los conflictos gremiales que cada año atentan contra el inicio de clases (y muchas veces también durante el transcurso del ciclo lectivo), solo en los últimos 19 días del mes de marzo unos 6.000 alumnos de escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires pidieron el pase a colegios de gestión privada; para sumar un total 8.600 en lo que va del año contemplando los que ya habían solicitado el traspaso antes por los mismos motivos.

Y las cifras de este año sólo demuestran con mayor evidencia un fenómeno que viene creciendo sistemáticamente año tras año en los últimos 10 ó 12 años. Según estadísticas oficiales, el traspaso del sector estatal al privado ha crecido un 0,5% anual a partir de 2013; generando que la gestión privada ya acapara casi el 50% de la matrícula en la educación media.

Si los colegios privados sólo fueran de acceso exclusivo de las clases más acomodadas, estaríamos hablando de un país con una economía opulenta, en la cual la mitad de la población pertenece a una clase media acomodada. Pero esto no es cierto: son las familias pobres que buscan la mejor educación para sus hijos los que hacen el esfuerzo para poder incluirlos en un sistema que, en primera instancia, le garantiza el cumplimiento del calendario académico; y que además le provee de una mejor educación, como se desprende de los resultados recientemente conocidos del Operativo APRENDER en los que los alumnos de escuelas de gestión privada de nivel secundario en su conjunto han duplicado los resultados de los pertenecientes a la gestión estatal.

Así, los colegios estatales terminan efectivamente siendo una opción que eligen por descarte todas aquellas familias que no tienen posibilidades económicas para optar por uno privado y que hoy siguen con una enorme incertidumbre sobre la continuidad escolar de sus hijos en pleno conflicto sindical. Los paros de principios de este año, dependiendo del lugar, tuvieron entre un 2 y un 5 % de acatamiento en los colegios de gestión privada; mientras que en los de gestión estatal llegaron al 85%. Si la educación estatal implosiona es responsabilidad de sus directivos, dirigentes y docentes.

(*): Presidente de la Asociación Civil Vale la Pena. Docente en el sector estatal y privado.