Varios directivos de las empresas de transporte de Mar del Plata deberán prestar declaración indagatoria en la causa de los “choferes fantasma”, según lo dispuso en las últimas horas el juez federal Santiago Inchausti.

Si bien no trascendió el listado completo de las personas que tendrán que brindar su testimonio, se sabe que en la investigación ya se encuentran imputados los empresarios Juan Inza -responsable de las empresas 12 de Octubre, 25 de Mayo y El Libertador- y Diego Basílico -El Libertador- y el contador, Federico Pomero.

Ahora el juez espera conocer su versión acerca de una serie de hechos que, según consideró la fiscal Laura Mazzaferri, podrían constituir el delito de “defraudación agravada contra la administración pública”.

La causa permaneció bajo el secreto del sumario hasta hoy, tras lo cual LA CAPITAL pudo saber que la investigación seguirá adelante para establecer si, tal como consta en dos denuncias, entre enero y marzo de 2016 las empresas incrementaron de manera ficticia sus nóminas de personal con el propósito de percibir más subsidios de los que les hubiera correspondido cobrar.

Si bien por el momento la investigación se centra en el rol de las empresas, no se descarta que a medida que la causa prospere comience a ser examinado el papel de otros actores.

Uno de los autores de la denuncia es el Ministerio de Transporte de la Nación, el cual luego de tomar conocimiento de los hechos, aportó abundante documentación a la Justicia.

En su condición de damnificado, el Ministerio puso a disposición la información disponible en distintas dependencias, con la intención de contribuir a esclarecer de qué manera se habría producido una maniobra por la que se habría cometido un fraude que, en principio, ascendería a casi 11 millones de pesos.

“Además de investigar a las empresas habrá que establecer las responsabilidades de otros actores, en especial la de aquellos que tienen una obligación de control“, le indicaron a LA CAPITAL fuentes judiciales.

El rol de controlar

Semanas atrás, en su última visita a Mar del Plata, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich se había referido al caso. “Se pagaban subsidios por choferes que no trabajaban”, dijo al describir los hechos, destacando el interés de su Ministerio porque la situación se esclarezca. “Nosotros en el interior pagamos frente a declaraciones juradas que envían los municipios que son los responsables de que esto esté bien”, subrayó.

“Ahora el juez está actuando y lo felicito por su rapidez porque esto obviamente también ayuda a que cualquier distorsión que esperamos que no exista en todo el país, llame a la responsabilidad de que hagamos la cosas bien, más allá de que nosotros estamos trabajando y llamamos al municipio y a la provincia a que profundicen sus controles”, sostuvo.

El Ministerio de Transporte se presentó como denunciante en el mes de noviembre, cuando el caso ya estaba siendo investigado por la justicia provincial.
El primero en reunir elementos fue el fiscal de Delitos Económicos, Fernando Berlingeri, tras recibir una denuncia del abogado laboralista Julio Hikkilo, perteneciente a una ong denominada “Casa del Trabajador”.

Otros damnificados

En abril de 2016 Hikkilo llevó a la Justicia los testimonios de varias personas que aparecían en los registros de la Anses y la AFIP como choferes de distintas empresas de micros, cuando en realidad, nunca habían desempeñado esa tarea.

Todos ellos, en su mayoría desocupados, habían descubierto su situación al intentar cobrar la Asignación Universal por Hijo.

Berlingeri constató que al menos cuatro empresas habían incrementado sus nóminas de personal entre enero y marzo, realizando contrataciones de choferes aparentemente ficticias.

El fiscal determinó que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.
La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753.

Pero al tomarles declaración a quienes figuraban en esos listados comprobó que varios -al menos unas 80 personas- nunca habían sido choferes.
Ante la posibilidad de estar ante una posible estafa cometida contra el Estado nacional, Berlingeri resolvió a principios de este año trasladarle la causa a la Justicia Federal, provocando que toda la información reunida por él se uniera a la que ya había recolectado el juez Inchausti, a partir de la denuncia del Ministerio de Transporte.

En las últimas semanas la causa se mantuvo bajo el secreto del sumario y se realizaron varias actuaciones.
Además de ordenar allanamientos a las empresas de micros el magistrado  había dispuesto imputar a algunos de sus directivos, fijándoles una caución y la prohibición de salir del país.