El trámite por el que se aprobó último aumento del boleto está en la mira de la Justicia por varias razones. Una de ellas se relaciona con que la ordenanza sancionada el 29 de diciembre fue votada favorablemente sólo por 12 concejales y no por al menos 13 como, según lo señaló el magistrado, lo requiere la Ley Orgánica de la Municipalidades. Ese fue el principal argumento con el cual el juez en lo Contencioso y Administrativo, Marcelo Fernández, ordenó en las últimas horas que la norma sea suspendida.

Sin embargo existen otros hechos de presunta gravedad que colocaron al procedimiento del último aumento del boleto bajo la lupa y a varios funcionarios del municipio y a algunos concejales en una situación comprometida.

Desde hace algunas semanas la Justicia Federal lleva adelante otra causa patrocinada por el abogado laboralista Julio Hikkilo, quien reclamó que se investigue si el estudio de costos que determinó que la tarifa pasara de $6,86 a $7,97 contenía datos falsos.

“Si esto se comprueba estamos ante un hecho gravísimo en el que es imposible desconocer la responsabilidad política, administrativa y posiblemente penal del intendente“, le dijo Hikkilo a LA CAPITAL, para quien Carlos Arroyo “debería ser sometido a un juicio político”.

Según su denuncia, al margen de no haber reunido los votos suficientes, la ordenanza fue dictada en base a un estudio de costos que “contenía cifras alteradas” lo que terminó “provocando un enorme perjuicio para los usuarios servicio de transporte”.

De acuerdo a sus cálculos, como resultado de las irregularidades denunciadas “las empresas se colectivos se verían beneficiadas con ingresos indebidos por 90 millones de pesos anuales”.

En la denuncia Hikkilo aseguró que el estudio elaborado por la Dirección de Transporte, el cual lleva la firma del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, contenía “graves falsedades” así como “graves errores e inconsistencias” que provocaron que el boleto adquiriera un precio “sobrevaluado”.

“Hay un estudio de costos con datos falsos firmado por Vicente y una promulgación de una ordenanza convalidada por el intendente Arroyo, quien como hombre de derecho no puede desconocer lo que significa convalidar una norma dictada en base a cifras presumiblemente adulteradas”, sostuvo.

En esta causa la Justicia intenta determinar por ejemplo si los kilómetros declarados por las empresas eran verdaderos. Además pretende dilucidar las razones por las que en el estudio de costos cuestionado se hizo mención a la existencia de dos modelos de colectivos diferentes al momento de determinar distintos gastos.

“Cuando calcularon el costo del combustible mencionaron que la flota está compuesta por coches Mercedez Benz OF 1418, mientras que cuando calcularon los costos del “material rodante” mencionaron coches Mercedez Benz OF 1724, los cuales no existen en el servicio de transporte de Mar del Plata”, le dijo Hikkilo a LA CAPITAL al describir uno de los puntos centrales de la denuncia.

Según explicó, la diferencia no resultó irrelevante ya que mientras un colectivo modelo OF 1418 nuevo tenía en ese momento un valor de $2.090.000, un OF 1724 costaba $2.420.000.

En su opinió esto “alteró los costos por depreciación, mantenimiento o seguros” provocando que además se “aumentara ficticiamente el capital invertido por las empresas”.

El abogado aseguró que estas y otras irregularidades provocaron que “la ecuación se alterara por completo” generando que -de acuerdo a sus cálculos- “el boleto terminara costando $1,10 más de lo que debería”.

“Hicimos una estimación propia por la que llegamos a la conclusión de que las empresas estarían cobrándoles a los usuarios 90 millones de pesos de manera indebida durante un año”, afirmó.

Para Hikkilo, en este caso el “otro gran ausente” es la Defensoría del Pueblo, la cual si bien dos días antes de que se aprobara la ordenanza había denunciado la existencia de “inconsistencias” en el estudio de costos, no adoptó aún ninguna medida concreta.

“Les vamos a pedir a la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata y a la de la Provincia que intervengan en defensa de los derechos de los usuarios porque no pueden estar ausentes. Si no actúan es grave porque tienen la obligación de velar por la protección y los intereses de los usuarios y controlar el accionar de los funcionarios municipales”, subrayó.