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El Mundo 1 de abril de 2017

Venezuela: la Corte rechazó asumir las funciones del Parlamento

La medida fue tomada luego que el Consejo de Defensa solicitara al Tribunal revisar la sentencia que disolvía la Asamblea Nacional.

CARACAS, Venezuela-. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela renunció este sábado a asumir las funciones del Parlamento, después de que el Consejo de Defensa, encabezado por el presidente del país, Nicolás Maduro, solicitara a la Corte revisar la sentencia que disolvió la Asamblea Nacional.

En un comunicado, el TSJ venezolano informó que “suprime” algunas partes de la citada sentencia y deja sin efecto su anterior decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.

Asimismo, suprimió el contenido de la sentencia con la que había decidido limitar la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional, al considerar que ese privilegio es “incompatible” con el “desacato” en el que persiste por mantener en sus escaños a tres diputados suspendidos por una investigación de fraude en sus elecciones.

La decisión fue anunciada luego de que el Consejo de Seguridad de la Nación, una instancia de consulta del jefe de Estado, exhortara al TSJ a revisar esas sentencias.

Maduro convocó a este Consejo con el objetivo de “resolver” lo que calificó como un “impasse” derivado de la posición del Ministerio Público (Fiscalía) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuyó las funciones del Parlamento, debido a la situación de “desacato” en la que este se encuentra.

El Consejo de Seguridad llegó a este consenso pese a que un par de horas antes el propio Maduro había respaldado la decisión de la Corte, garante del cumplimiento de la Constitución venezolana, y la canciller Delcy Rodríguez había previsto acudir a la sede judicial para expresar también el apoyo del Ejecutivo.

Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, “es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional”, así como “la resolución de los conflictos entre poderes”, según consignó la agencia de noticias EFE.