Mientras la fiscalía descentralizada busca avanzar en la investigación del ataque sufrido por un menor en Miramar, quien aseguró haber sido secuestrado y torturado por su condición de gay por al menos un policía, siete efectivos policiales fueron notificados de la formación de causa, en principio, por “apremios ilegales”.
Los padres del adolescente de 17 años se reunieron con concejales para plantearles su temor por la situación y hasta hubo contactos con funcionarios del gobierno bonaerense.
Según se informó a LA CAPITAL, los efectivos fueron notificados de la formación de causa por “apremios ilegales”, ante distintas amenazas previas a las que el joven venía siendo víctima durante los últimos meses, algo que consta en la denuncia.
Igualmente, con las pistas obtenidas a través de testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, se buscará determinar fehacientemente cuáles de estos estuvieron directamente relacionados con el suceso de ayer.
El menor es presidente del centro de estudiantes de la Escuela Media N°1 “Rodolfo Walsh”, activo militante de los derechos del LGBTIQ y según su entorno se encuentra muy angustiado con la situación vivida.
Por eso hoy sus padres se reunieron con los integrantes del Concejo Deliberante para plantarles la problemática y buscar respuestas. Además, trascendió que hasta hubo algún contacto con funcionarios del gobierno bonaerense. Mientras tanto, como una de las medidas de seguridad impuestas continúa en el domicilio la protección otorgada por Prefectura.
“El joven fue puesto a disposición del cuerpo pericial de Mar del Plata para constatar y analizar las heridas. En las próximas horas miembros de la Procuración General llegarán a Miramar para interiorizarse del sistema de protección y otros temas”, dijo a este medio la fiscal Ana Caro.