La investigación por la existencia de “choferes fantasma” derivó en la apertura de una nueva causa judicial en la que se intenta establecer si las compañías de colectivos de Mar del Plata falsearon algunas de las variables utilizados para calcular el costo del boleto.

La denuncia radicada en la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Nicolás Czizik fue impulsada por la Casa del Trabajador, una ong dirigida por el abogado laboralista Julio Hikkilo, quien en abril del año pasado ya había acusado a las compañías de micros de haber simulado la contratación de decenas de choferes para poder cobrar millonarias sumas de dinero en concepto de subsidios del Estado nacional.

La nueva causa apunta a establecer ahora si además la compañías -con el posible guiño de funcionarios- alteraron sus costos para lograr que el municipio les otorgara una suba del boleto mayor a la que hubiese correspondido.

Según le dijo Hikkilo a LA CAPITAL, de haber sido así, las concesionarias habrían obtenido “un beneficio millonario que salió de los bolsillos de la gente”.

Para el abogado existen indicios de que las empresas “alteraron la ecuación” mediante la que se calcula el costo del boleto para lograr que en diciembre último la tarifa pasara de $6,86 a $7,97.

“Ya habíamos denunciado a los choferes fantasma y ahora hemos denunciado a los colectivos fantasma”, aseguró.

Para explicar la maniobra, Hikilo se remitió a las palabras pronunciadas por el concejal de Acción Marplatense Marcelo Fernández, cuando el pasado 29 de diciembre rechazó el aumento del boleto aprobado por los bloques de Agrupación Atlántica-PRO, el radicalismo (a excepción de Mario Rodríguez) y los concejales del Frente Renovador Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio.

En ese momento Fernández reprochó que el expediente hubiera tenido despacho en las comisiones de Transporte y de Legislación manera “exprés” y sin debate.

Durante la sesión el concejal se quejó públicamente de que las empresas no hubiesen presentado facturas que dieran cuenta detallada de sus costos y denunció la existencia de “llamativas diferencias” en las declaraciones sobre la cantidad de kilómetros recorridos.

Pero en especial llamó la atención sobre la documentación aportada por la Dirección de Transporte del Ejecutivo, firmada entre otros por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, acerca de las unidades utilizadas por las empresas.

Según dijo en un informe la dependencia señaló que las compañías contaban mayoritariamente con vehículos Mercedes Benz modelo OF1418.

“Sin embargo en algunas hojas más adelante se mencionó que poseen Mercedes Benz modelo OF1724“, indicó, subrayando que este tipo de vehículos “no recorre las calles de Mar del Plata”.

Para Fernández la mención de uno y de otro modelo dentro de un mismo expediente no habría sido un simple un error.

“Se habla de los colectivos OF1418 cuando se describen los costos de combustible y se menciona una resolución de la CNRT que indica que esta clase de unidades consumen 0,39 litros por kilómetro”, le indicó Fernández a LA CAPITAL.

Pero llamativamente cuando se describen los costos del “material rodante” el expediente ya no alude a ese tipo de micros, sino que toma como referencia al Mercedes Benz OF1724.

Según el concejal el resultado de esta extraña diferencia fue crucial debido a que “mientras que un OF1418 cero kilómetro tenía en ese momento un valor de $2.090.000, el OF1724 costaba $2.420.000“.

“Es decir que hay una diferencia de $330.000 por unidad. Al incluir en la cuenta un modelo que no existe en Mar del Plata y que es más caro que el que sí existe se alteraron todos los costos. Por lo tanto cuando hubo que calcular los gastos por mantenimiento, depreciación, reparación o el capital invertido los costos fueron sobrevalorados en centavos o pesos que, sumándolos por 84 millones de boletos cortados al año, se convirtieron en sumas siderales”, aseguró el concejal.

Sumado a esto, en la causa que tramita la Justicia Federal también se trata de establecer qué impacto habría tenido esta maniobra en las devoluciones de IVA obtenidas por las empresas.

“En relación al IVA descubrimos que todo está mal hecho. Detectamos que están mal hechas las cuentas y que hubo cambios en las transcripciones de los valores de una hoja a la otra. Es tan grosero que es difícil considerarlo una simple equivocación”, comentó Fernández.