La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) iniciará mañana un paro nacional de actividades por 36 horas y una movilización hacia el Congreso Nacional, en rechazo al traspaso de la justicia a la órbita de la Capital Federal.

La medida de fuerza fue ratificada a Télam por el titular del gremio, Julio Piumato, al afirmar que la protesta de 36 horas en Capital será “con concentración y movilización a partir de las 10 al Congreso Nacional”.

Piumato sostuvo que el paro “es para oponernos al traspaso de la justicia y a la flexibilización laboral que plantea el Gobierno para el ámbito judicial”, a la vez que reclamó a las autoridades “propuestas que tengan que ver con el mejoramiento de la justicia”.

El gremialista añadió que el traspaso “en nada favorece a un mejor funcionamiento, sino que trae aparejados la impunidad por el traspaso de la justicia penal al ámbito porteño y los proyectos oficiales también prevén el traspaso de otros fueros, especialmente el laboral, lo que implica poner en riesgo al conjunto de los trabajadores ya que los jueces serán nombrados por el actual gobierno de la Ciudad”.

“El traspaso de juzgados sin magistrados, quienes atienden sobre todo delitos contra la administración pública, garantiza al gobierno designaciones afines a su ideología, como lo realiza en la Capital Federal, dependientes del poder de turno”, dijo.

El también dirigente de la CGT señaló que “es una falacia que la decisión procure respetar los cargos, la carrera judicial y las jubilaciones de los afectados por el traspaso”.

El paro por 36 horas se da en el contexto del plan de lucha iniciado con la huelga del 3 de febrero último, una batucada realizada días después y la huelga con movilización hacia Tribunales del 22 de febrero pasado, además de una marcha a la Legislatura de la semana anterior.

El traspaso se firmó entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño el 19 de enero pasado e implica el traspaso gradual (comenzarán por los juzgados vacantes) de la justicia penal, además de la justicia en las relaciones de consumo, la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.

El convenio argumenta que la medida se realiza para “el reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad” y para el “fortalecimiento del federalismo como sistema político”, y garantiza “la estabilidad laboral, intangibilidad de las remuneraciones, respeto de la antigüedad, de la obra social y de los derechos previsionales de los funcionarios y empleados” abarcados en el proceso.

El traspaso no sólo es rechazado por el gremio judicial, sino también por los integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).

En disidencia con esa postura, el mes pasado el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart presentó su renuncia a la AMFJN argumentando “profundo desacuerdo con la metodología de protesta”, a la que estimó “impropia para la magistratura máxime que se dirige en contra de un criterio jurídico que ya fue motivo de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos ‘Corrales’ y ‘Nisman’ (por los señalamientos del máximo tribunal favorables al traspaso de órbita)”.