Tras haberse hecho cargo de la causa de los “choferes fantasma” el juez federal Santiago Inchausti dispuso realizar hoy un allanamiento en la empresa 25 de Mayo, una de las compañías de micros de Mar del Plata sospechadas de haber incrementado de manera ficticia su nómina de personal con el aparente propósito de percibir mayores subsidios del Estado de los que les hubiese correspondido cobrar.

El procedimiento se inició cerca del mediodía y se constituyó en una de las primeras medidas adoptadas por la Justicia Federal luego de que aceptara continuar con una investigación que hasta el momento había sido desarrollada por el fiscal de Delitos Económicos de la Justicia provincial, Fernando Berlingeri.

El allanamiento se produjo en las instalaciones que la empresa posee en avenida Constitución al 10.000, donde funcionarios judiciales y de la Policía Federal requirieron documentación y se los pudo observar revisando vehículos.

El abogado de la empresa, César Sivo, reprochó que la primera decisión del juez Inchausti al hacerse cargo de la investigación haya consistido en ordenar un allanamiento. “Me parece algo sobreactuado desde el momento en el que las empresas y sus ejecutivos estuvieron siempre a disposición de la Justicia y presentaron todos los documentos que se les pidió, los cuales figuran en el expediente”, indicó.

La causa se inició en abril de 2016 partir de una denuncia del abogado laboralista Julio Hikkilo, quien llevó a la Justicia los testimonios de varias personas que aparecían en los registros de la Anses y la Afip como choferes de las empresas de micros, cuando en realidad, nunca habían desempeñado esa tarea.

Todos ellos, en su mayoría desocupados, habían descubierto su situación al intentar cobrar su Asignación Universal por Hijo.

La denuncia quedó en manos del fiscal Berlingeri, quien determinó que había decenas de personas en la misma situación, muchas de las cuales figuraban en los registros de personal de la 25 de Mayo y la 12 de Octubre sin sus consentimientos.

Según el funcionario las “falsas contrataciones” se habrían producido entre los meses de enero y febrero de 2016, con la aparente intención de que las empresas cobraran durante esos meses mayores subsidios de los que les hubiese correspondido percibir.

Tras una extensa investigación, a finales del año pasado Berlingeri consideró que la maniobra, por tratarse de un presunto fraude contra el Estado nacional, debía seguir siendo investigada por la Justicia Federal.

Por eso motivo le trasladó la competencia a ese fuero.