La Justicia Federal deberá resolver si acepta hacerse cargo de la causa sobre la presunta defraudación cometida por las empresas de micros de Mar del Plata, investigadas por haber contratado a decenas de “choferes fantasma” con la aparente intención de cobrar de manera indebida millonarios subsidios de parte del Estado nacional.

La causa, iniciada en abril del año pasado, estuvo a cargo del fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingeri, quien luego de haber acumulado una gran cantidad de testimonios y de elementos de prueba consideró que, por su naturaleza, a partir de ahora el tema debería seguir siendo investigado por el fuero federal.

“Debido a que esta supuesta defraudación se realizó afectando fondos de la administración pública nacional estamos ante un caso de interés para la Justicia nacional y por esa razón ya se solicitó trasladar la competencia”, le explicó el funcionario a LA CAPITAL.

El planteo de Berlingeri fue convalidado por la titular del juzgado de Garantías Nº 3, Rosa Amanda Frende, quien ya requirió que el expediente pase a manos del fuero federal penal, desde donde se espera que en los próximos días sea adoptada una decisión.

Ayer, Berlingeri aseguró estar convencido de que ese es el ámbito en el cual corresponde seguir avanzando con una investigación mediante la cual se determinó que decenas de personas que en los papeles figuraban como choferes de las empresas de micros nunca habían desempeñado ese trabajo. “Creo que hasta acá llegamos con lo que la Justicia provincial podía hacer. A partir de ahora este tema debería seguir en manos de la Justicia extraordinaria”, remarcó.

La causa se inició en abril del año pasado a partir de una denuncia del abogado Julio Hikkilo, integrante de la Casa de Trabajador, una ONG que había recibido testimonios de varias personas sorprendidas al descubrir que figuraban en registros de la Anses y la AFIP como choferes de las empresas 25 de Mayo, 12 de Octubre, El Libertador y Peralta Ramos.

Los autores de esas denuncias aseguraban nunca haber trabajado en esas compañías y afirmaban haber descubierto su situación cuando en ciertos casos tuvieron dificultades para percibir la Asignación Universal por Hijo.

Según Berlingeri, la investigación arrancó con diversas hipótesis. “Consideramos la posibilidad de que se tratara de un error, de una estafa interna en las empresas o de una maniobra para influir en la determinación del precio del boleto”, dijo el fiscal.

“Como patrón común encontramos que la mayoría de estas personas en algún momento habían acercado un currículum a las empresas y que habían sido dadas de alta sin su consentimiento como choferes en enero de 2016 y dadas de baja en marzo de ese mismo año”, agregó.

Berlingeri explicó que a partir de entonces comenzó a convocar a algunos trabajadores “al azar” para que brindaran sus testimonios. Así determinó la existencia de 30 “choferes fantasma” en la empresa 12 de Octubre, 42 en la 25 de Mayo y de seis en la Peralta Ramos.

Si bien el fiscal podría haber acumulado mayor cantidad de declaraciones, con esas le bastó para formarse una idea sobre lo que podría estar sucediendo.

En ese punto llegó a la conclusión de que la maniobra podría estar dirigida a lograr que el Estado nacional les aportara a las empresas una mayor cantidad de subsidios de los correspondientes, luego de haber incrementado de manera ficticia las nóminas de personal.

En la causa consta que por ejemplo la empresa 12 de Octubre contaba en diciembre de 2015 con 122 empleados declarados, cifra que en enero se elevó a un total de 253.

La 25 de Mayo, en tanto, declaró tener 578 empleados en diciembre de 2015 y en enero, 753. Durante la investigación, Berlingeri identificó en los formularios presentados por las empresas ante AFIP tres firmas: la de los empresarios Juan Inza y Diego Basílico y la del contador Federico Pomero.

Para el fiscal, la presencia de los “choferes fantasmas” tuvo como objetivo elevar el monto de los subsidios percibidos entre enero y marzo de 2016 por las empresas, permitiendo que todas ellas cobraran de manera indebida una suma estimada de 11,4 millones de pesos.