El municipio tiene previsto implementar fuertes sanciones económicas contra los dueños e inquilinos de propiedades en las que se realicen fiestas clandestinas.

Luego de haber realizado decenas de operativos durante los últimos meses, ahora la gestión del intendente Carlos Arroyo considera necesario contar con una herramienta legal mucho más específica y contundente para tratar de erradicar esta clase de “celebraciones”, detrás de las cuales, suelen montarse lucrativos negocios.

Así se lo adelantó a LA CAPITAL el director coordinador de la Secretaría de Gobierno, Emiliano Mensor, quien precisó que desde este lunes el Ejecutivo comenzará a elaborar un anteproyecto de ordenanza que prevea sanciones más concretas contra quienes organicen o faciliten la realización de esta clase de reuniones.

Según dijo, el texto será elaborado por funcionarios de distintas áreas del Departamento Ejecutivo y por concejales del oficialismo, con la colaboración de la Justicia, las fuerzas policiales y la Denfensoría del Pueblo.

Además la Municipalidad solicitará la contribución del Colegio de Martilleros, debido a que en la mayoría de los controles realizados en los últimos meses se detectó un fenómeno constante: las fiestas clandestinas eran realizadas en casas particulares que habían sido alquiladas con ese propósito.

“Para ir al origen del problema creemos que tenemos que generar un mecanismo para sancionar a los dueños y a quienes utilizan esas viviendas”, comentó el funcionario.

Según explicó, quienes están trabajando en este tema ya analizaron la legislación existente en otras localidades y encontraron que en ciudades como Bahía Blanca, Rosario o Córdoba ya existen disposiciones similares a las que se planea implementar en Mar del Plata y que fijan sanciones que pueden superar los 50 mil pesos.

El “mapa” de las fiestas

Mensor aseguró que el trabajo de la Municipalidad para combatir las fiestas clandestinas “ha sido constante” y que se intensificó a partir del mes de agosto, cuando quedó habilitado un número de whatsapp (223-5032317) para recibir denuncias . “Esta vía de comunicación acrecentó el trabajo porque le dio a la gente la posibilidad de denunciar un caso durante las 24 horas, cuando antes sólo podía hacerlo en el horario de 8 a 14 y de lunes a viernes”, destacó.

Según el funcionario, en más de una oportunidad los mensajes de los vecinos permitieron que la comuna actuara antes de que las fiestas dieran comienzo, ni bien se detectaban movimientos que delataban preparativos. Además las denuncias otorgaron la posibilidad de que los inspectores planificaran su tarea para intervenir junto a la policía y eventualmente la Justicia, en el mismo instante en el que las fiestas se estaban desarrollando. “Muchas veces nos encontramos con que sólo se trataba de una peña, un cumpleaños o un bautismo que generaba ruidos molestos y por lo general nuestra sola presencia resolvió el problema”, explicó.

Pero en otras ocasiones, especialmente durante el verano, las denuncias ayudaron a detectar reuniones de otro tenor. “Estamos hablando de la presencia de decenas o cientos de personas en lugares donde a veces se paga para entrar, hay personal de seguridad contratado, se vende alcohol y otras sustancias, hay música, baile y presencia de menores”, explicó.

Mensor dijo que en base a los operativos realizados, la Secretaría de Gobierno elaboró un “mapa” de las fiestas clandestinas, ubicándolas geográficamente y describiendo algunas de sus principales características.

“Los barrios en los que hubo más denuncias e intervenciones fueron Playa Grande, Los Troncos, Parque Luro y los de la zona sur”, dijo.

Según el funcionario, como patrones comunes también se detectó que las fiestas transcurrían en viviendas “muy grandes” con amplios parques y en ausencia de sus auténticos dueños. “Lo que advertimos fue que estas casas son aquiladas a valores muy altos, por una semana, quince días o un mes con el propósito específico de realizar fiestas durante los fines de semana o incluso, todos los días”, aseguró.

Mensor señaló que por esa razón la comuna decidió actuar en este punto. “Esperamos que los martilleros colaboren con la redacción del anteproyecto y con otros aportes, como el de informarles claramente a los locadores y a los locatarios qué se puede hacer y qué no se puede hacer cada vez que se celebra un contrato de alquiler de estas características”, precisó.