A los usuarios de Mar del Plata y la zona que pagaron el gas con el aumento dispuesto por el gobierno nacional no se les devolverá lo que abonaron, al menos hasta que se resuelva de manera definitiva el planteo judicial. La decisión la tomó la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que de todos modos no cuestionó la suspensión del incremento dispuesta en agosto por el juez Alfredo López.

La resolución data del 21 de noviembre y recién se conoció ayer. "Esta medida cautelar no puede ir más allá de la suspensión del aumento. Por lo tanto, al que ya lo pagó se le va a tomar como un pago voluntario y se les devolverá el día que salga la sentencia definitiva. El problema es que la sentencia definitiva va a tardar entre cuatro y cinco años, con suerte", dijo ayer a LA CAPITAL Federico Álvarez Larrondo, uno de los abogados que gestionó la presentación del reclamo tras el aumento tarifario.

La suba en los precios del gas llegó luego de la quita de los subsidios para el sector decidida por el Gobierno. A partir de allí, se generó un esquema que contemplaba reducciones en el precio para aquellos que pudieran producir un ahorro en el consumo con respecto al año pasado.

Para frenar el aumento, la asociación de consumidores Acuba presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar con la adhesión de la Defensoría del Pueblo, la Liga de Amas de Casa, Manos que Ayudan, el Colegio de Abogados y los municipios de Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.

La decisión de primera instancia fue favorable: López no sólo suspendió la suba, sino que además ordenó a Camuzzi que, en futuras facturaciones, les descontara "hasta su compensación total" a los usuarios que ya habían abonado la factura con aumento. Esa es la parte de la medida cautelar que la Cámara revocó.

"Estamos estudiando si vamos a apelar. En realidad, cada vez que se apela se dilata más el procedimiento", dijo Larrondo, y prefirió celebrar la parte de la medida que es positiva para los usuarios: "La suspensión del aumento queda reconocido. En este sentido, es un gran avance porque de aquí en adelante se sigue aplicando el régimen tarifario anterior al 31 de marzo de 2014. Es decir que la categoría más alta sigue pagando 22 centavos por metro cúbico."

Según contó Larrondo, en su apelación Camuzzi expuso que, del monto que abonan los consumidores, sólo le queda el 5%. El correspondiente a la empresa distribuidora del servicio. Por su parte, el 55% tiene destino de impuestos, el 30% va al productor y el 10% restante, al transportista.

"Como la orden judicial de López dice que el distribuidor debe devolver el monto porque es el que cobra, Camuzzi planteó que así se ponía en riesgo la sustentabilidad del sistema. Y que eso la llevaría, en teoría, a la quiebra", comentó Larrondo.

De hecho, en los argumentos de su resolución la Cámara advierte que el juez, al ordenar que se devolvieran los montos abonados voluntariamente, puso "en serio peligro la continuidad prestacional del servicio por parte de la empresa distribuidora". Y recordó que "los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma que perturbe los bienes o recursos propios de la empresa".

Antes de tomar su decisión, la Cámara convocó a una audiencia en la que participaron representantes de los consumidores, Camuzzi, el Ministerio de Planificación Federal y el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas). "Allí explicamos dónde radicaba la irracionalidad de la normativa. Porque lo que tiene que quedar en claro es que no es un mismo aumento para todo el país: genera situaciones totalmente disímiles según el lugar en que uno esté", señaló Larrondo, que quedó preocupado: "Realmente nos sorprendimos porque no entendían esta problemática."

Las categorías de los usuarios del gas fueron creadas en 2008. "El problema es que a nosotros nos pusieron parámetros de consumo iguales a los de Capital Federal o el Litoral, pero tenemos en promedio ocho grados menos de temperatura", lamentó.

En abril, el Ejecutivo nacional oficializó el esquema de uso racional del gas, que le permitiría a los usuarios hogareños atenuar los ajustes en caso de que registraran un ahorro superior al 20% en comparación con igual bimestre de 2013. También contarían con tarifas especiales quienes utilizaran entre un 5 y un 20% menos de gas. En contrapartida, los que no encuadraran en ninguno de esos dos segmentos iban a tener fuerte aumento por la quita de subsidios. "Lo que se detuvo fue justamente eso. El impacto más brutal que iba a tener el incremento", resumió Larrondo.

También cuestionó la política oficial: "Parten de la premisa de que el que más consume, más plata tiene. Y sostienen que es una política distributiva. Para nuestra zona, eso es una ridiculez: acá se castiga al jubilado, a la gente que vive en lugares fríos, no a la que más plata tiene."