Dos empleados municipales fueron imputados ayer por falsificar documentación de distintos terrenos para luego venderlos a un costo menor a clientes que conocían las maniobras fraudulentas.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata allanaron ayer dos domicilios diferentes y aprehendieron a Juan Carlos Medina, quien trabajaba en la Dirección de Inspección Municipal, en tanto que no lograron dar con su cómplice, una mujer que se dio a la fuga y es intensamente buscada.

Por orden del fiscal Mariano Moyano y de la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos, los uniformados llevaron a cabo procedimientos en viviendas de Libertad al 3700 y en Brown al 2600, donde hallaron al empleado municipal que luego fue imputado por el delito de "uso reiterado de documentos públicos falsos", figura que contempla la pena de hasta seis años de prisión. Por otra parte, en el primero de los allanamientos no lograron dar con la mujer que sería la cara visible de la organización, y quien vendía la documentación falsa a los clientes.

Según dijeron fuentes extraoficiales a LA CAPITAL, los compradores de los imputados no serían personas estafadas, sino cómplices que conocían que éstos se dedicaban a realizar maniobras fraudulentas y sacaban provecho de ellas. Por eso, la investigación -que se inició en setiembre- no finalizó y en los próximos días podrían existir novedades respecto de más involucrados.

De acuerdo con lo que indicó el fiscal Moyano, meses atrás los efectivos policiales de la comisaría decimotercera notaron usurpaciones en terrenos de Playa Serena, pero cuando se entrevistaron con los supuestos "okupas", éstos exhibieron documentación. A partir de eso, se iniciaron averiguaciones sobre cuentas bancarias, teléfonos celulares y direcciones hasta que establecieron que los vendedores de los terrenos eran los imputados.

"La modalidad era que una persona iba a la escribanía, con un contrato, pedía certificar la firma, luego sacaba el folio, lo adulteraba y le ponía el boleto de compraventa de cesión de derecho del terreno", comentó ayer el fiscal Moyano, y agregó: "La certificación de las firmas era apócrifa".

Durante los allanamientos, el personal de la DDI secuestró documentación, un teléfono celular y una computadora, pero sólo pudo notificar de la formación de la causa al acusado y no detenerlo, debido a que éste había pedido y conseguido días atrás la eximición de prisión. Por su parte, los uniformados creen que la mujer imputada no se encontraría en la ciudad.

Al parecer, ambos empleados municipales tenían acceso a los planos catastrales, por lo que sabían cuáles eran los terrenos que estaban deshabitados, o eran propiedad de personas que no vivían en la ciudad.