LA PLATA (Corresponsal).- El gobierno provincial anunció que el año próximo invertirá 368 millones de pesos en la construcción de casi 1.500 nuevas plazas para el sistema penitenciario bonaerense.

Según detallaron fuentes del Ministerio de Justicia provincial a LA CAPITAL, para 2015 se prevé la construcción de 2 nuevas cárceles y 5 alcaidías departamentales, la ampliación de otras 2 alcaidías, de los penales de Azul y Dolores y la incorporación de plazas para el programa Casas por Cárceles.

Con una inversión de 368 millones de pesos -?un 426% más en el presupuesto en materia de construcciones?, informaron- la Provincia planea edificar alrededor de 1.445 nuevas plazas penitenciarias durante 2015.

El anuncio fue realizado semanas atrás por el titular de Justicia, Ricardo Casal, en el marco de las visitas de ministros a la Legislatura para explicar los detalles del proyecto de Presupuesto que impulsa el gobernador Daniel Scioli.

La creación de nuevos penales apunta a atenuar un poco la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses ?que según algunos organismos alcanzó el 70%- problemática que además de hacinamiento, conlleva un aumento en los niveles de todo tipo de violencia.

Las nuevas cárceles

Las 2 nuevas unidades penitenciarias se construirán en Lomas de Zamora y Campana y, según se informó, en ambas cárceles ?que sumarán 804 plazas- se pondrá el acento en brindar educación y formación laboral a los reclusos.

La Provincia prevé también la construcción de alcaidías departamentales en Necochea, Campana, Bahía Blanca, General Rodríguez y San Nicolás -lo que agregará 305 plazas más- y la ampliación de las alcaidías de San Martín y Lomas de Zamora.

A esto se sumará la construcción de 2 nuevos pabellones con 72 plazas cada uno en las cárceles de Azul y Dolores, la incorporación de 72 plazas para el Programa Casas por Cárceles ?para San Martín, Florencio Varela y Olmos- y 120 lugares más para las unidades de Bahía Blanca y Virrey del Pino.

Opiniones en contra

El juez de Garantías N° 4 de Mar del Plata, Juan Tapia, se mostró en desacuerdo con la decisión del Ejecutivo provincial y planteó que, mejor que construir nuevas cárceles, sería reparar las plazas existentes y solucionar algunos conflictos ?por vías no punitivas?.

?La determinación de la cantidad de detenidos es una decisión de política criminal del Estado nacional en cada nivel?, dijo Tapia a LA CAPITAL.

Y agregó: ?Creo que habría que buscar que un montón de conflictos que se pueden solucionar por vías no punitivas, no represivas ?conflictos de menor relevancia, como delitos contra la propiedad- puedan ser canalizados y resueltos por otros conductos como una conciliación o reparación, y dejar la cárcel para los conflictos más graves de la sociedad: homicidio, abuso sexual, robo con violencia?.

En coincidencia con la postura de Tapia, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Necochea, Mario Juliano, sostuvo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la construcción de nuevas cárceles ?podría implicar la multiplicación de los problemas?.

?Si no se logra atender debidamente necesidades elementales de los reclusos en las cárceles actualmente existentes -como es la alimentación y la salud fundamentalmente- tememos que nuevos establecimientos multipliquen el problema?, aseguró Juliano en la audiencia realizada el martes 28 de octubre en Washington.

El juez, que también dirige la Asociación Pensamiento Penal, ejemplificó su exposición con un video filmado en la Unidad Penal 15 ?de hombres- de Batán.

Ante la CIDH Juliano aclaró igualmente que la situación en que se encuentran los reclusos ?no es una cuestión exclusiva de la provincia de Buenos Aires?.

Las condiciones en Batán

El penal de Batán ha sido blanco de diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos: torturas, alimentación insuficiente, falta de acceso a la salud y hacinamiento, entre otras, hacen imposible el cumplimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional que sostiene que ?las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas?.

La UP 15 también es la cárcel con mayor cantidad de hechos violentos cometidos dentro de un penal bonaerense: en 2013 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó 827 episodios violentos (más de 2 por día).

En julio pasado, el Juzgado de Garantías a cargo de Tapia respondió favorablemente a un recurso de hábeas corpus presentado por la CPM y ordenó la clausura temporaria del pabellón 3 de la UP 15 y la refacción de los pabellones 4 y 7 de la misma Unidad.

Luego de 2 meses de obras, el pabellón

3 fue reinaugurado hace 15 días.

Tapia contó que, entre otras cosas, había ?conexiones eléctricas en mal estado, baños individuales con materia fecal desplegada por el piso, ausencia de agua caliente, puertas de emergencia que no funcionaban y además había ratas?.

El juez marplatense también refirió que ?los peritos de la Corte que vinieron remarcaron que, en comparación con la última pericia, la cárcel estaba mucho peor que hace un par de años y que las medidas de seguridad demandaban urgentes intervenciones del Poder Ejecutivo y Judicial para revertir esa situación?.

Debido a la cantidad de denuncias, en septiembre pasado el Ministerio de Justicia provincial dispuso la conformación de una mesa de trabajo integrada también por la Corte y la Procuración bonaerenses y organismos de DDHH con el objetivo de monitorear la situación de este penal.

Sobrepoblación y detenidos sin condena

De acuerdo a fuentes oficiales, la semana pasada había 30.463 personas alojadas en las cárceles bonaerenses y 2.137 detenidos en alcaidías y comisarías de la Provincia; es decir un total de 32.600 personas privadas de la libertad.

En agosto de este año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que ?el Servicio Penitenciario Bonaerense ya tiene una sobrepoblación de alrededor del 70%?.

Según datos de la Defensoría General del Departamento Judicial de Mar del Plata, el jueves 30 había en Batán 1.103 hombres presos en la Unidad 15 ?una sobrepoblación del 40%, estimó la Defensa Pública- y 413 personas detenidas en la Unidad 44, una sobrepoblación del 10% según la misma fuente.

Otra de las problemáticas de las cárceles bonaerenses es la gran cantidad de personas que permanecen detenidas sin condena.

Según relató el juez Tapia, en Batán ?en los últimos tiempos se redujo casi en un 10% la cantidad de personas inocentes encerradas a partir de la existencia de acciones como el juicio abreviado o las audiencias orales para flagrancia. Hoy está en alrededor del 60, 65%, cuando hace unos años era del 70 o 75%?.

Más detenidos

Un informe emitido en mayo pasado por la Procuración General de la Corte bonaerense evidenció que en 2014 aumentó en un 21% la cantidad de aprehendidos y detenidos en toda la Provincia con respecto al mismo período del año anterior.

Sobre esto, Cecilia Boeri, defensora general de Mar del Plata, aclaró que ?el número de detenidos en la Provincia se ha incrementado, pero en Mar del Plata no ha crecido en el mismo porcentaje. Si bien ha habido un aumento en lo que llamamos ?tasa de prisionización?, estamos por debajo del promedio provincial?.

Al analizar las posibles causas del aumento de detenciones, Boeri dijo a este diario que ?tiene que ver con una situación de intolerancia en general por parte de la sociedad, que es avalada por el discurso del Poder Ejecutivo, en cuanto al régimen de excarcelaciones, salidas o flexibilización de la etapa ejecutiva, que hace que los jueces se sientan menos autorizados a considerar las alternativas que están en la Ley. No podemos ignorar la existencia de una presión para que los jueces sean más duros respecto a ese régimen?.

Boeri sostuvo además que ?también vemos que desde la política del Ministerio de Seguridad bonaerense (que conduce Alejandro Granados), se mencionó como indicador de una mejor actividad el incremento del número de aprehensiones, las ?bajas? de delincuentes y los ?abatidos?, lo que indica una política de mayor actividad en este aspecto?.

Finalmente, la defensora general señaló que ?en lugares como Mar del Plata se vio que muchas de esas aprehensiones fueron por ?averiguación de identidad? o ?averiguación de delito?, procesos que no terminaron judicializados o con un procesamiento porque no hubo elementos suficientes como para luego proseguir?.