LA PLATA (Corresponsal).- El Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley para establecer el ?Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante? y conformar un ?Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura?, como establecen los tratados internacionales que tratan sobre estos derechos.

El Consejo, estará encargado de monitorear, controlar, proponer soluciones y evitar casos de maltrato en unidades penales y en cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad por orden judicial, propia instigación o custodia.

La creación del organismo y la aplicación de este sistema son un reclamo de varias organizaciones sociales y de derechos humanos y un fuerte pedido por parte del Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas, que en mayo de este año entregaron un informe reservado a la Cancillería argentina con resultados preliminares de una serie de inspecciones en cárceles, comisarías, institutos de menores y hospitales neuropsiquiátricos en donde constataron que la situación carcelaria de la Provincia es ?sumamente grave?.

Tras su última visita al país el español Emilio Santidrian, miembro del Subcomité de la ONU elevó fuertes críticas al Poder Judicial bonaerense: "Por la información que tenemos, además de los problemas estructurales, hay falencias del sistema judicial y altos índices de prisión preventiva. Realmente el sistema judicial no controla lo que pasa en los lugares de detención", apuntó.

Cada año en la provincia de Buenos Aires el Comité contra la Tortura, que funciona en la Comisión Provincial por la Memoria, organismo autónomo extrapoderes, presenta un duro informe sobre la situación carcelaria. Este Comité fue creado en 2002 con los mismos objetivos que el organismo que la Legislatura bonaerense pretende crear por ley pero su alcance es limitado porque funciona con el presupuesto de la CPM.

En el último informe anual, este Comité denunció que ?desde el regreso de la democracia las fuerzas de seguridad no fueron democratizadas y los lugares de encierro no modificaron muchas de las prácticas que utilizaban durante la dictadura militar. En estos ámbitos la tortura adopta diferentes formas: el submarino seco o húmedo, la picana eléctrica, los palazos con bastones de madera o goma maciza, las golpizas reiteradas (puntapiés, golpes de puño, ?plaf-plaf?), las duchas o manguerazos de agua helada, los ?pata-pata?, el aislamiento como castigo y los traslados constantes?.

El informe sostiene que ?durante 2010 murieron 133 personas en cárceles provinciales, 11 cada mes. Aumentaron los suicidios de 9 en 2009 a 15 en 2010? y señala que ?los hechos violentos informados por el SPB crecieron de 7.481 a 7.979?. Ese año el organismo presentó 1.052 hábeas corpus individuales que dan cuenta de 3.138 hechos de agravamiento de las condiciones de detención (torturas, falta de atención médica, traslados constantes, etc.)?.

El proyecto

Consensuado con la CPM el proyecto de los senadores kirchneristas Santiago Carreras y Cristian Fioramonti que ahora deberá ser analizado en la Cámara Baja, cumple con el artículo 28 del proyecto que establece el Sistema de Prevención a nivel nacional y que cuenta con la media sanción de Diputados en el Congreso.

El Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura tendrá un secretario ejecutivo y siete miembros con mandato por cuatro años con fueros y atribuciones para ingresar a penales, acceder a causas y a información sin restricciones, convocar a funcionarios, solicitar informes y podrán tomar decisiones, resoluciones y accionar en los distintos casos que comprueben irregularidades.

Para su designación, se creará una Comisión Bicameral conformada por los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras más cinco senadores y cuatro diputados. Los postulantes deberán serán propuestos por Diputados, el Senado, la Comisión Provincial por la Memoria y otras organizaciones y previo a la elección deberá realizarse una audiencia pública.

En reconocimiento al trabajo del Comité contra la Tortura, el Consejo quedará conformado por tres miembros propuestos por la CPM, dos surgidos de candidatos propuestos por otras organizaciones con trayectoria en el tema, uno por Diputados y otro por el Senado.

No podrán integrar el organismo quienes hayan integrado fuerzas de seguridad y hubieran sido denunciados o tengan antecedentes de haber participado, consentido o convalidado hechos de tortura. El ejercicio de los cargos será incompatible con la realización de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, y estaría acordado que el trabajo sea remunerado.