La comisión de Legislación del Concejo Deliberante le dio ayer despacho favorable a un proyecto de ordenanza que plantea restringir la instalación y el funcionamiento de las antenas de telefonía celular dentro del ejido urbano. El texto que fue aprobado establece suspender por un plazo de 180 días la colocación de este tipo de estructuras a menos de 500 metros de establecimientos escolares, clínicas, hospitales y centros de salud. Junto a eso se dispuso que durante ese plazo el municipio elabore una nueva regulación que determine con claridad y, eventualmente restrinja, las condiciones que deben cumplirse para la instalación de esta clase de antenas en zonas pobladas del Partido. El proyecto al que los concejales decidieron darle despacho fue elaborado en base a una propuesta presentada en 2010 por el concejal de la Agrupación Atlántica, Carlos Arroyo, quien inicialmente había planteado adoptar una disposición mucho más categórica.

En el texto original, Arroyo -quien de hecho no utiliza teléfono celular por considerarlo nocivo- había pedido que se prohibiera definitivamente la colocación de antenas de telefonía a menos de 500 metros de cualquier inmueble.

En el debate en la comisión de Legislación, los concejales acordaron aprobar por el momento una disposición menos restrictiva y dispusieron que sea creada una comisión para que evalúe el tema y elabore una regulación general sobre la materia. Las actuales normas municipales que regulan la instalación y el funcionamiento de las antenas de telefonía contienen pautas que más bien están vinculadas con aspectos de seguridad y constructivos, sin que se le dedique demasiada atención al fenómeno de la radiación y su impacto en la salud.

Más allá de que su iniciativa haya sido modificada, ayer Arroyo se mostró conforme con su aprobación en la comisión de Legislación, lo que permitirá que en días más pueda ser tratada en la comisión de Calidad de Vida. "Es un proyecto de los más significativos que hemos presentado, una inquietud muy grande. No podíamos seguir esperando porque la ciencia no ha determinado con exactitud aún los daños que puede causar a la salud humana la radiación por energía no ionizable" expresó. "El proyecto en líneas generales sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en este tema y de la más moderna legislación sobre la cuestión que han dictado, tanto el Reino Unido como Australia", explicó Arroyo. Otro de los artículos aprobados ayer establece además que las empresas que no hayan presentado los informes correspondientes de los entes reguladores, deberán hacerlo en un plazo 90 días para obtener la correspondiente habilitación de las estructuras ya existentes. Por último, también se dispuso que el Departamento Ejecutivo deberá crear una comisión para que realicen un estudio destinado a elaborar una norma regulatoria definitiva. En dicha comisión deberán estar presentes representantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Colegio de Médicos Distrito IX de la Provincia de Buenos Aires, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante.