El teléfono llama, llama y no deja de llamar, hasta que después de una oportuna corrida, alguien levanta el auricular y para sorpresa escucha una voz metálica que le ofrece una promoción para comprar un auto 0km o la otorgación de tarjetas de crédito que nunca solicitó, por ejemplo. Menos de un segundo después, cuelga y se pregunta cuándo dejarán de llamar ofreciendo cosas.

En Mar del Plata, desde abril de 2009, existe una ordenanza municipal generada por el concejal radical Maximiliano Abad (la 19.186) que creó el denominado registro "No quiero que me llamen", donde se pueden inscribir quienes no deseen recibir esos molestos llamados.

De acuerdo a la ley municipal, el registro está destinado a "salvaguardar los derechos de los destinatarios de ofertas de venta o publicidad, realizadas en forma telefónica o a través de mensajes de texto".

El mismo es administrado por la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente y se pueden inscribir en forma gratuita "todas las personas, físicas o jurídicas que no deseen recibir ningún tipo de ofertas comerciales o publicidad a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto".

Esas inscripciones tienen una vigencia de dos años y se renuevan automáticamente por un período igual, salvo manifestación en contrario del usuario registrado, pudiendo ser revocada en cualquier momento a instancias del interesado.

La Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente deberá mantener abierta la inscripción al registro durante todo el año y deberá ser actualizado como mínimo en forma mensual, posibilitando su acceso a través de medios informáticos.

Asimismo, quienes se inscriban en el registro podrán informar a la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente el número telefónico del que provenga la llamada o el mensaje de texto recibido. Entonces se notificará a Telefónica de Argentina o a la empresa proveedora de telefonía celular, según corresponda, que en lo sucesivo deberán bloquear todas las llamadas o mensajes de texto provenientes de los números denunciados y dirigidas al número telefónico del denunciante.

Así las cosas, las empresas mencionadas en el artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días a partir de la toma de conocimiento de la inscripción, para eliminar a los interesados de sus bases de datos, no pudiendo a continuación ofrecerles ningún tipo de oferta o publicidad.

En tanto, las sanciones pertinentes por incumplimiento estarán a cargo de la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente.

Esto se generó a raíz de "la necesidad de implementar a nivel local, un registro de personas que no quieran recibir ofertas o promociones telefónicas o por mensaje de texto", explicó el autor de la ordenanza, Maximiliano Abad.

Modalidades similares ya funcionan en otros lugares del país y del mundo, como Estados Unidos y España, entre otros.

Al día de hoy, el mencionado registro -"No quiero que me llamen"- todavía no funciona debido a que "no está reglamentado" y esa acción debe correr por cuenta del Ejecutivo municipal, explicó el titular de la Dirección General de Defensa del Consumidor e Intereses del Contribuyente, Pablo Di Scala. Así que, hasta tanto no se reglamente, estimado lector, deberá seguir atendiendo innumerables llamados indeseados.