VILLA GESELL (Corresponsal).- La Municipalidad de Villa Gesell llevó adelante una audiencia pública en la cual se trataron seis temas relacionados con proyectos de construcción que, según ambientalistas de la ciudad, podrían ocasionar daños en el medio. El encuentro se realizó en el Centro de Atención Municipal (CAM) de Mar de las Pampas y fue presidido por el secretario de Gobierno, Osvaldo Tavarone. Estuvieron presentes en la mesa disertante el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Luis Castellani y el director de Legal y Técnica Atilio Roncoroni además de la intendenta interina Marta Gaeta.

Las audiencias duraron una hora cada una iniciándose con la lectura de los decretos y leyes pertinentes. Luego, cada representante de los grupos inversores expuso las tareas planificadas y los recaudos que tomaron en cuanto a la preservación del ambiente. A continuación, vecinos e integrantes de instituciones intermedias efectuaron preguntas, muchas de las cuales quedaron sin respuesta al concluir los sesenta minutos destinados a cada tema, que tuvieron un riguroso final.

La primera de todas se refirió al proyecto del frente costero de Villa Gesell, y oficiaron como disertantes Juan Pablo Russo y Nicolás García Romero, en representación de Ambiente y Territorio S.A., empresa que llevó adelante un estudio de impacto ambiental en 2010.

La segunda correspondió a los balnearios Dalí, Caracol y Pleno Sol. Aquí hicieron uso de la palabra el Damián Martínez, en representación de Gestión en Ingeniería Ambiental y Leandro Vivone, autor del proyecto Pleno Sol. El tercer expediente fue el de Rincón de Idaho.

El cuarto proyecto fue Altamar, a cargo de Juan Maggi en representación de estudio Terra S.A. y Juan José Paladino, de Geología y Consultoría Ambiental.

En el caso del emprendimiento Mandalay, la empresa estuvo representada por Marcelo Rodolfo del Pozo, Manuel Díaz, José Daniel Dib, Marcelo Horacio Martinó y Fabio Gandelman.

Finalmente, el último emprendimiento tratado fue Linda Bay, con la exposición de Rodolfo Ravier y de Pedro Enamias. Desde la Municipalidad anunciaron que con la concreción de la audiencia pública se "ajustan a lo que establece la ley".

Objeciones

El proyecto Altamar es sin duda el emprendimiento de mayor envergadura de los que se trataron durante la audiencia pública, debido a que no se trata sólo de una apuesta inmobiliaria sino de una nueva localidad que se construirá entre Villa Gesell y Cariló.

La zonificación de Altamar ya fue aprobada por el Concejo Deliberante, y todavía no hay información oficial acerca del proyecto final, sino que los datos recabados surgen a partir de la exposición efectuada durante la audiencia.

Paladino señaló que "por lo general el proceso de impacto ambiental se estudia una vez que el daño está hecho, pero en este caso estamos planificando desde 2005 y todavía no se hizo ninguna construcción, con lo cual reflejamos que no hay apuro, y este emprendimiento para llegar a su instancia final tiene por delante entre 25 y 30 años más".

Paladino también afirmó que "una vez iniciadas las obras se mantendrá un monitoreo constante y en caso de que hayan daños se replanteará el proyecto con el fin de poder evitar grandes impactos".

El principal temor es el daño que pudiera ocasionarse sobre el subsuelo de esta zona medanosa, ya que las lentejas de agua allí ubicadas representan uno de los principales recursos hídricos de la región, con una excelente calidad del líquido. El proyecto de Altamar lo llevan adelante inversionistas españoles, y tienen calculado gastar aproximadamente 100 millones de dólares para poder edificar una ciudad de elite. Otra de las advertencias de los vecinos fue sobre la situación socioeconómica que podría padecer Villa Gesell a partir de la apertura de Altamar, que se suma a Cariló y Mar de las Pampas, dejando atrás a la ciudad cabecera de Partido en cuanto a calidad de oferta turística.

Pedido de nulidad

Las agrupaciones ambientalistas que participaron durante la audiencia manifestaron en cada uno de los temas tratados que pedirán la nulidad ante lo que consideraron fallas administrativas por parte de la Municipalidad, en relación a la ley 13.569, que regula la convocatoria. Según explicaron, en la norma se especifica que debe efectuarse el aviso de convocatoria con una antelación no inferior a los treinta días corridos respecto de la fecha fijada para su realización, pero en este caso se anunció el pasado viernes mientras que se quejaron porque no habría sido cumplida la publicación en medios gráficos durante tres días consecutivos.