"Hay que acercar la justicia a la gente", opinó el juez de garantías y académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor Gabriel Adrián Bombini, refiriéndose al debate, encendido durante estas semanas en Mar del Plata, sobre la idea de descentralizar las fiscalías.

Bombini, en efecto, se refirió al tema pero le dio un contexto mayor: "no se trata sólo de llevar un fiscal, o una oficina de la fiscalía en el territorio sino que haya instancias en que los conflictos sociales puedan ser rápidamente atendidos, que algunos conflictos puedan tener una resolución más inmediata y que no generen hechos más graves".

La polémica sobre la descentralización de las fiscalías tomó cuerpo cuando el pasado viernes aparecieron en este diario declaraciones del coordinador de Programas de Protección Comunitaria de la Municipalidad, César Ventimiglia, sobre la propuesta municipal de crear oficinas descentralizadas de la Fiscalía en cada una de las 15 jurisdicciones donde hay una comisaría. Para el gobierno de Gustavo Pulti éste sería un paso importante para combatir más eficazmente el problema de la inseguridad en Mar del Plata.

El pasado miércoles, el fiscal general Fabián Fernández Garello se mostró de acuerdo con la iniciativa, hizo notar también que es coincidente con un proceso de descentralización dispuesto para toda la provincia de Buenos Aires, pero la matizó, considerando más conveniente que haya instructores judiciales siguiendo de cerca la actuación policial luego de recibir denuncias de los vecinos, pero sin alejar a los fiscales del centro de los Tribunales.

"No hacer reformas aisladas"

La entrevista con Bombini fue requerida por LA CAPITAL aún antes del debate de estos días, en atención a que este juez de garantías es uno de los estudiosos y docentes en temas judiciales más reputados de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Bombini no cree en las reformas aisladas: una que, por ejemplo, afecte a organismos de la Justicia, sin acoplar las debidas transformaciones en otras agencias penales como la policía y el servicio penitenciario. Tampoco cree que las demandas de seguridad de la ciudadanía puedan estar separadas de otras demandas de satisfacción de derechos siempre más amplias, especialmente en aquellos barrios donde los problemas sociales son más severos.

Su análisis parte de la decisiva reforma del Código Procesal Penal de 1998, aquella que quiso poner fin a los tiempos de la "Maldita Policía", tal el rótulo periodístico, en tiempos de León Arslanian como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el mismo Arslanian que hoy figura entre los asesores de la presidenta Cristina Kirchner en temas de su especialidad.

"Aquella transformación emprendida en 1998 fue jugándose no tanto en las leyes como en las prácticas cotidianas --dice Bombini--, y acompañada de una reforma de la estructura policial, dando lugar posteriormente a múltiples reformas parciales, idas y vueltas. Hubo parches y parte de la idea de la reforma, con los años, se ha ido desdibujando".

Esencialmente, la reforma de 1998 hizo desaparecer la figura de ese juez que además de ser instructor debía dar sentencias y puso la investigación y la acusación en manos del Ministerio Público Fiscal (los fiscales), dejando al juez como un tercero imparcial, encargado de la decisión final de la causa, sin compromiso con la investigación ni con la acusación. El fiscal dirige la investigación, y la policía debe actuar según sus disposiciones. Esta relación (fiscal-policía) ha dado lugar a no pocas controversias, y en ella radica fundamentalmente la discusión de estos días. La pregunta clave parece ser: ¿Hasta qué punto la policía, en algunos casos, sigue teniendo en lo fáctico dominio sobre la marcha y, especialmente, sobre el comienzo de las investigaciones?

"Aún lejos del ciudadano"

"Todavía hay una distancia importante --advierte Bombini-- entre las agencias penales (la justicia penal, el ministerio público, la policía) y la ciudadanía. Para que se dé ese acercamiento, es necesario acoplarse a este proceso de descentralización que están tratando de llevar adelante la Provincia y la Municipalidad en otras áreas. Y es una tendencia que se debe afianzar con todos los organismos del Estado, como se está dando en los más diversos contextos, y en distintas parte del mundo".

"Mar del Plata --agregó-- está sufriendo una transformación demográfica importante, y esto genera cambios en las demandas en cuanto a la seguridad, pero también demandas más amplias en cuanto a la satisfacción de derechos, fundamentalmente de los sectores periféricos del espacio urbano, donde se dan las mayores dificultades por el estado de vulnerabilidad de muchos sectores. En este contexto la descentralización se impone. Se impone un acción más cercana del Estado".

- LA CAPITAL: La descentralización es un proceso que se está alentando desde la provincia, ¿no es así?

- Bombini: "La descentralización a nivel provincial está plasmada normativamente. Y la tendencia se da ya en el funcionamiento de fiscalías descentralizadas. No sólo hay fiscales en las cabeceras de los departamentos judiciales sino también en las localidades aledañas. Y esta lógica se puede trasladar al ámbito urbano. En amplios sectores nos enfrentamos a una conflictividad social mucho más amplia que el hecho delictivo. Hay carencias estructurales, carencias económicas. Tenemos la necesidad de intervenciones del Estado junto a los vecinos, no sólo de la Justicia o de la policía, para lograr el bienestar del barrio. Una descentralización penal debe ser acompañada por acciones que atiendan la conflictividad social en general.

Ante estas demandas se puede trabajar con mecanismos territorializados de resolución alternativa de conflictos, mediación, también el fortalecimiento de las estructuras contempladas por otra ley como la de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente para superar situaciones de vulnerabilidad, y todo otro tipo de intervención de distintas agencias estatales e instancias de la comunidad en el mismo sentido.

Es decir que no sólo tiene que haber un fiscal -u oficina fiscal- en el territorio sino que, además, haya instancias en que los conflictos sociales puedan ser rápidamente atendidos, esto es acercar la Justicia a la gente, y que la gente tenga el acceso facilitado a la Justicia".

Nuevas policías

- ¿Y mientras tanto qué debería suceder con la organización policial?

- También hay que trabajar mucho para adecuar a la policía a la permanente y cambiante dinámica social. Desde el punto de vista personal creo que se tiende hoy a la necesidad de crear policías comunales --también aquí en Mar del Plata donde aún no existe-- y al mismo tiempo una policía judicial como brazo de refuerzo de la actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal y control de la actividad policial. Estas nuevas instituciones --la policía comunal y la policía judicial-- enlazadas con la tendencia a la descentralización, podrían generar en los próximos años las transformaciones deseables para toda la ciudadanía. La reforma de 1998 ya prevé la formación de la policía judicial en el ámbito provincial. Hay una nueva discusión actualmente, inclusive un proyecto legislativo muy interesante para su reforzamiento. La Constitución provincial la prevé y a nivel local, dentro de las fiscalías, ya hay oficinas de instructores judiciales.

- ¿Qué decir respecto del rol deseable para la Policía?

- Se imponen ideas simplistas a veces. Parece que se cree que todo depende de si hay policías buenos o policías malos. Y usualmente las medidas que se toman para un cambio han sido las llamadas purgas policiales. El problema en general está más vinculado a la estructura y cultura de la institución policial que a las conductas individuales. Con la descentralización, tanto policial como judicial, con más intervención territorial, con estructuras comunales cercanas y vinculadas a la ciudadanía, con control ciudadano y mecanismos institucionales de monitoreo y contralor, será posible tener un escenario más favorable para neutralizar a las malas conductas en la policía y satisfacer las crecientes demandas sociales.